El proyecto de Presupuesto 2023, aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, comenzó a ser debatido este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con las exposiciones de los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

"Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario", dijo Rubinstein en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Ante los senadores de la Comisión, el secretario destacó que "este es un presupuesto de transición".

"Sirve para tener la situación más ordenada fiscalmente; en camino hacia el equilibrio fiscal y para pensar en la macroeconomía que logramos hace 20 años, cuando teníamos un supéravit fiscal de tres puntos del PBI", subrayó el economista.

Rubinstein, Rigo y Setti concurrieron a la Comisión presidida por el senador oficialista Ricardo Guerra acompañados por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; y el jefe de asesores de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena.

También se hicieron presentes en el Salón Azul del Parlamento Leonardo Madcur, titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores; Matias Tombolini, secretario de Comercio; Flavia Royon, secretaria de Energía; Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo; y Jorge Neme, secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad.

La intención del oficialismo en el Senado es discutir el tema a lo largo de dos jornadas, miércoles y jueves, para luego prepararse para emitir dictamen.

El proyecto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones.

La oposición logró bloquear artículos que propiciaban que jueces y empleados judiciales pasen a pagar el impuesto a las Ganancias y el artículo que permitía al Gobierno manejar las alícuotas de las retenciones al campo.

Además de los legisladores del FdT y de sus aliados, el proyecto también fue apoyado por el peronismo disidente y el radicalismo; en tanto la izquierda, la Coalición Cívica y los bloques de derecha se opusieron y el PRO se abstuvo.