Arrancó una semana clave para la Ley de Humedales. Luego del cuarto intermedio del jueves pasado, se espera que mañana pueda firmarse un dictamen de consenso que identifique y asegure la protección y uso razonable de los humedales en todo el país.

En el Frente de Todos son optimistas y descuentan que, con el acompañamiento de bloques provinciales, tendrán votos de sobra para dictaminar y, luego, aprobar el adeudado proyecto de ley.

En los últimos días, sin embargo, no fueron pocos los gobernadores que levantaron el teléfono para expresar su preocupación por las consecuencias que la iniciativa podría tener sobre sus economías.

En el FdT son conscientes de que varios de los propios miran con desconfianza el proyecto y la injerencia que podría tener sobre las jurisdicciones provinciales, por lo que el bloque ensaya algunas modificaciones para tranquilizarlos.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, se debate internamente para definir una postura unificada, con un sector más "duro" referenciado en Ricardo Buryaile que, reproduciendo los reparos de varios sectores productivos, acusa al proyecto oficialista de querer prohibir la actividad económica.

Tras más de diez años de derrotero parlamentario y de una crisis ambiental causada por los incendios del Delta del Paraná que todavía no da respiro - literal y figuradamente -, la Cámara de Diputados está a un paso de avanzar en la aprobación de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales.

Mañana, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura retomará el debate que había dejado en suspenso la semana pasada y dictaminará el proyecto que lleva la firma de Leonardo Grosso (FdT) pero que, en la práctica, recoge un dictamen que se había consensuado con diferentes fuerzas políticas allá por el 2020.

La iniciativa - que tiene, además, el respaldo de más de 300 organizaciones civiles - apuesta a construir un inventario nacional y ordenar territorialmente las zonas definidas como humedales.

El texto cuenta con el respaldo de les diputades del Interbloque Federal - Graciela Camaño y Enrique Estevez fueron, incluso, les principales impulsores del debate junto a Grosso - y también de la izquierda.

El FdT confía que tendrá los números, aunque durante las últimas horas persistían las negociaciones tanto con los propios como con la oposición. El ojo está puesto fundamentalmente en les diputades de provincias como San Juan, Catamarca y Formosa, en donde la actividad agropecuaria y minera está esencialmente ligada a los humedales. Ayer a la mañana, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) habían manifestado su preocupación sobre el avance de la ley de humedales por el posible impacto que podría tener algunas industrias estratégicas como el litio.

"No hay que discutir si no se conoce la zona. Por eso invitamos a las comisiones a que conozcan. No se puede legislar desde el desconocimiento", advirtió Jalil, mandatario que integra la "liga de gobernadores" peronistas.

"Hay mucho miedo como producto de la confusión por lo que se dice desde algunos sectores. Buryaile hace terrorismo para operarnos a nosotros", aseguró un diputado del FdT, aludiendo a la activa militancia del exministro macrista contra el proyecto del oficialismo.

Para el FdT, mucho del trabajo de convencimiento de los propios consistió en despejar los mitos de que el proyecto prohibiría el desarrollo de actividades productivas en los humedales o que le quitaría a las provincias el control de sus recursos naturales.

También se definió avanzar en algunas modificaciones que sosegaran los ánimos, como aumentar de 3 a 5 la cantidad de años para hacer el inventario de todos los humedales. A su vez, se está analizando eliminar el artículo que prohíbe realizar cualquier tipo de actividad económica en los humedales hasta que se los termine de incluir en el ordenamiento territorial.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, todavía sostiene un fuerte debate respecto a si unificará sus distintas posturas internas en un solo dictamen. La coalición opositora presentó tres proyectos distintos y, si bien el de Ximena García (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) tiene 15 firmas, es el del correntino Jorge Vara (UCR) el que estuvo teniendo mayor peso.

La iniciativa de Vara, que cuenta además con el respaldo de Ricardo Buryaile, difiere fundamentalmente del de Grosso en la definición conceptual de lo que es un humedal y de cuál es la autoridad que tendría que llevar a cabo el trabajo del inventariado: mientras que el de Grosso sostiene que debe ser una autoridad nacional, el de Vara defiende que cada una de las provincias lo haga por su cuenta.

La propuesta de Vara - que también es más flexible respecto a las actividades que se pueden llevar a cabo en los humedales - va en línea a los reclamos de los sectores productivos, fundamentalmente los ganaderos y mineros, que denuncian que el proyecto del oficialismo buscará prohibir sus actividades.

Convocados por Buryaile, varios representantes de estos sectores económicos expusieron ayer en la comisión de Agricultura. Allí, ingenieros agrónomos del INTA y del Conicet, voceros de la UIA y de cámaras empresarias, cuestionaron los proyectos de ley de humedales, exigieron una ley "más amigable con el sector productivo", denunciaron una "caza de brujas" contra los ganaderos y advirtieron que una ley no terminaría con los incendios.

Un senador provincial correntino, incluso, amenazó con que podrían ir a la Corte Suprema si la ley se aprobase.