El Consenso Fiscal, que suscribieron en diciembre pasado el Poder Ejecutivo y 21 gobernadores, está a un paso de ser convertida en ley en el Congreso. La iniciativa, que faculta a los estados provinciales a aumentar impuestos locales, obtuvo dictamen esta tarde en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el oficialismo espera aprobarlo en el recinto antes de fin de mes.

Pese a ser minoría, el Frente de Todos alcanzará cómodamente el quorum gracias al aporte de un sector de Juntos por el Cambio, que votará dividido. En efecto, los diputados radicales de Jujuy, Corrientes y Mendoza, cuyos gobernadores suscribieron el Consenso Fiscal en diciembre pasado, votarán a favor del proyecto.

En el radicalismo justificaron que una de las cláusulas de la iniciativa dispone el pago en 12 meses de las compensaciones adeudadas por la Nación a las provincias, por lo que los mandatarios provinciales se vieron compelidos a firmarlo.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio avaló que este sector del radicalismo, que responde a los gobernadores, vote a favor del Consenso Fiscal. El resto de los diputados radicales, al igual que Pro, la Coalición Cívica y demás socios de Juntos por el Cambio, anticiparon su rechazo.

“Votaremos en contra del denominado ‘consenso fiscal’ aprobado por el Senado porque entendemos que se trata de un aumento de impuestos encubierto que perjudicará a la producción y a la creación de trabajo genuino –enfatizó el bloque de diputados de Pro, que comanda Cristian Ritondo-. Debemos promover a las economías regionales a través de mecanismos de alivio fiscal y no con medidas que atentan contra el desarrollo productivo. Más carga impositiva es menos trabajo y más aumento de los costos que se trasladan luego a la inflación, creándose un círculo vicioso en detrimento del bienestar general.”

Blindaje a las provincias

El oficialismo en el Congreso decidió apurar la sanción del Consenso Fiscal con el propósito de blindar a las provincias de un eventual ajuste fiscal que podría disponer el gobierno nacional para cumplir con las metas de reducción del déficit acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El eje del proyecto pasa por la facultad que tendrán las provincias de aumentar impuestos locales. Prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

Se establece, para el impuesto a los sellos, una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario.

Se incluye, además, un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

“Este es un acuerdo que firmó el presidente de la Nación y 21 de los 24 gobernadores. No es una vía libre para aumentar impuestos”, arrancó el diputado Marcelo Casaretto.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez apuntó a las contradicciones de Juntos por el Cambio y desestimó que este nuevo pacto fiscal implique un aumento de impuestos locales.

“Los topes en las alícuotas tributarias presentes en este consenso fiscal son los mismos que se fijaron en 2019; aquel consenso fiscal fue firmado por todos los gobernadores, incluido Horacio Rodríguez Larreta, y fue aprobado por este Congreso por la gran mayoría de los legisladores –enfatizó Martínez-. Además, hay que recordar que dos de cada tres pesos de la recaudación de la ciudad de Buenos Aires son Ingresos Brutos.”

Desde Pro, la diputada Germana Figueroa Casas, al igual que Luciano Laspina y Laura Rodríguez Machado, criticaron duramente la iniciativa.

“El oficialismo dice que este proyecto no es una vía libre para aumentar impuestos, pero en los hechos sí lo es, pues permite hasta casi duplicar el gravamen de algunas actividades y gravar otras que estaban exentas”, enfatizó Figueroa Casas.

“El objetivo de este consenso fiscal es tirar por la borda el pacto que se suscribió en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri; si este pacto estuviera vigente, hoy tendríamos un esquema tributario sin el impuesto al cheque, con retenciones más bajas y sin impuesto a los sellos en muchas provincias”, remató la diputada Rodríguez Machado.

“Si seguimos aumentando empleo y gasto público, si persistimos con los aumentos de impuestos vamos a terminar peor de lo que ya estamos. Este consenso fiscal es la expresión más cabal del ‘sálvese quien pueda’ de la política y las víctimas son los contribuyentes”, sostuvo Laspina.

En tanto, desde Evolución Radical Martín Tetaz y Danya Tavella también anticiparon su rechazo. “El impuesto a los ingresos brutos es el impuesto de los brutos, que promueve el subdesarrollo”, asestó Tetaz, al tiempo que la diputada Tavella advirtió que, lejos de ser fruto de un consenso, este nuevo pacto es “una extorsión” del gobierno nacional a las provincias.

"Este pseudo consenso fiscal elimina el mandato que tenemos de sancionar una ley de coparticipación federal; además, se mantienen, se aumentan y además se sugieren crear nuevos impuestos aumentando la presión tributaria y generando nuevas restricciones al trabajo y a la producción. No se analiza el gasto y mucho menos la ineficacia del Estado”, criticó.

Desde el oficialismo relativizaron las críticas de la oposición. “Este consenso fiscal solo tendrá validez cuando las legislaturas de las provincias lo aprueben: no es un acto autoritario de las provincias”, enfatizó José Luis Gioja.