En una respuesta al relator especial sobre la independencia de jueces y fiscales de la ONU, Diego García-Sayán, el Gobierno avaló el polémico juicio político de Entre Ríos que destituyó a la fiscal anticorrupción de esa provincia, Cecilia Goyeneche. Además, reivindicó a la Oficina Anticorrupción como un ejemplo de "lucha contra la corrupción", pese a que se retiró como querellante en las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios.

Se trata de la ex fiscal que impulsó el juicio a través del cual la justicia entrerriana condenó a 8 años de presión al ex gobernador de esa provincia y ex embajador en Israel, Sergio Urribarri.

Entre otras irregularidades, el jury que la destituyó no estuvo integrado por fiscales y la mayoría de sus miembros respondían, desde el punto de vista político, a Urribarri o al actual gobernador Gustavo Bordet.

Desde que fue destituida en mayo pasado, Goyeneche reclama ser restituida por dos caminos. Uno con un recurso ante la Corte, que está pendiente de resolución. Y otro con estos mecanismos internacionales de la ONU.

Esa relatoría es la misma a la cual la organismos de derechos humanos alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciaron a la Corte. Un pedido parecido pero dirigido solo contra el miembro del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, ni siquiera fue aceptado, hasta ahora, por García-Sayán.

En un escrito presentado en respuesta al reclamo de Goyeneche, el ministerio de Justicia dijo que "una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarias/os judiciales, como su rendición de cuentas", al avalar el polémico jury entrerriano.

La respuesta la firmó la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Andrea Pochak.

En el escrito de contestación, el gobierno informó que “la OA fue la responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad, con el propósito de transversalizar la integridad a lo largo y ancho de toda la administración pública”.

Además, la OA “incorporó una perspectiva integral, federal y plural, con arreglo a las Convenciones Internacionales contra la corrupción de la ONU, la OEA y la OCDE”, agregó.

Luego citó las respuestas del gobierno entrerriano y del sector mayoritario del jury que la destituyó.

Por otra parte, destacó que “la existencia de un efectivo sistema de control de la conducta de las/os funcionarias/os públicas/os es un aspecto imprescindible en cualquier Estado de Derecho.”

“Su adecuado funcionamiento es exigido por el derecho internacional, por lo que una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarias/os judiciales, como su rendición de cuentas”, reiteró.

En ese sentido, comentó la respuesta del Gobierno, “la puesta en marcha de un efectivo sistema de rendición de cuentas dirigido a las/os operadoras/es judiciales constituye nada menos que el cumplimiento de la obligación del Estado de tomar medidas que aseguren la plena vigencia de los derechos humanos”.

Luego subrayó “el firme compromiso del gobierno de mejorar la calidad institucional en la República Argentina, lo cual implica la protección y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”.

En su larga respuesta, el gobierno nacional no contestó las preguntas específicas que había hecho la defensa de Goyeneche que habían sido transmitidas por García-Sayán.

Por su parte, Goyeneche y el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAA), Marcelo Varona Quintián, replicaron la respuesta del Gobierno. La AAA respaldó a Goyeneche y a otros seis fiscales que denunciaron estar siendo presionados por gobiernos provinciales en base a un escrito del experto en estos reclamos internacionales, Brian Schapira.

Goyeneche y Varona Quintián pidieron que “remita al Estado argentino las alegaciones del presente escrito, así como de nuestra presentación del 13 de junio... a efectos de que las instancias que correspondan dejen sin efecto la destitución que fuera ordenara y se proceda a la restitución en el cargo”.

Goyeneche y Varona Quintián también solicitaron que por “la Relatoría se expida públicamente y de modo urgente a través de los mecanismos pertinentes sobre las alegaciones realizadas, señalando al Estado argentino aquello que considere apropiado”.

García-Sayán ya expresó hace dos meses su preocupación “por la adopción de sanciones en contra de la fiscal Goyeneche que parecerían ser en castigo por haber investigado y acusado a integrantes del poder político en la provincia”. Pero ahora, si se pronuncia, podría hacer recomendaciones al Gobierno nacional y al de Entre Ríos por violar la independencia de la Justicia.