La ex fiscal de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reveló este lunes que durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación que derivó en la condena del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, y en la posterior presentación de su renuncia como embajador en Israel, encontraron un disco rígido externo que funcionaba como una especie de “caja negra de la corrupción”.

“Tenía muchísima información. Lo tiraron por un ventiluz al techo de una casa vecina en el momento en que entraba el allanamiento”, contó sobre ese operativo llevado a cabo en “una empresa de un familiar de Urribarri, que además era funcionario público, un colaborador íntimo de él”.

Goyeneche fue destituida de su cargo poco tiempo después de la condena al exgobernador de Entre Ríos, en principio por otra causa, pero con la sospecha de que se trató de una “venganza política”, efectuada con el objetivo de “cauterizar la situación para que no se vuelvan a realizar investigaciones de corrupción con esa fuerza y que los fiscales no se animen o titubeen antes de hacerlas”.

Según indicó, el actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, “intervino” en su destitución. Incluso deslizó que se cometieron una serie de irregularidades en el proceso.

“Fue tan drástica la situación y las ganas que tenían de destituirme desde un primer momento en el jurado de enjuiciamiento, que en esos días modificaron la forma en la que se iba a llevar mi juzgamiento y eliminaron la acusación que establece la ley”.

En diálogo con TN, volviendo al descubrimiento de aquel disco rígido, Goyeneche manifestó que se sorprendió al ver “la cantidad de registros que van haciendo, probablemente por la desconfianza en los colaboradores”, así como también “el grado de desparpajo con la que se registra la ilicitud”.

No obstante, la exfiscal Anticorrupción y exprocuradora adjunta provincial reconoció que lo que más llamo su atención fue “la impunidad con la que se movían”.

Urribarri, uno de los primeros embajadores políticos designados por la gestión de Alberto Fernández, fue condenado el último 7 de abril a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Goyeneche encabezó esa investigación, pero el 23 de mayo un jury la expulsó de la Justicia por, supuestamente, no haberse apartado de una investigación sobre "contratos truchos en la legislatura", pese a tener vínculos muy cercanos con uno de los imputados.

“No creo que me haya debido excusar porque esto se trata de una causa en donde se investigaba un desfalco enorme en la Legislatura entrerriana. Se descubrió casi por casualidad que estaban sustrayendo sumas de dinero durante más de diez años, desde 2008 al 2018. Determinamos que sería una suma aproximada de 53 millones de dólares la que se llevaron en ese período. Y se investigó a 32 personas”, comentó Goyeneche.

Y agregó más detalles: “Dentro de esas personas había una persona conocida mía, amigo de mi esposo, y el problema es que la ley que me rige como fiscal en Entre Ríos establece que solo me puedo excusar en caso de que se vea gravemente afectada mi objetividad. Y eso no es algo que me pasaba. No hubo ninguna afectación a la investigación por el hecho de que no me excusara".

“No solamente no debía excusarme, porque así lo establecía la legislación aplicable, sino que además, aunque hubiera debido hacerlo, no existen antecedentes de que a alguien lo destituyan porque se excusó o no se excusó”, lamentó y consideró el dictamen en su contra es “ilógico”.

Hubo cinco votos para destituir a Goyeneche, mientras que solo dos integrantes del Jury votaron para que continúe en su cargo.

Goyeneche se mostró orgullosa por el trabajo realizado y señaló que volvería a realizarlo de la misma manera, pese a las consecuencias que luego le tocó afrontar. “Es la única forma en que me concibo”, expresó.

“Tengo hijas chicas y no concibo la posibilidad de llevar adelante la función pública y de vivir en un país con esa ausencia de normas. La única forma de que construyamos algo posible es cumplir adecuadamente con nuestro deber. No hice nada heroico ni extraordinario, solamente hice lo que tenía que hacer”, remarcó.

Por último, dejó constancia de las dificultades que deben sortearse para llevar adelante investigaciones como las que realizó.

“Obtener la prueba es sumamente difícil. Las investigaciones son documentales y la documentación está en poder del gobierno. Si no hay cambio de signo político o internas es muy difícil encontrarla. Si no, tienen todo el poder de restringir o demorar el proceso”, explicó.