Luego de haber sido condenado a ocho años de cárcel por corrupción, el Gobierno hizo efectiva este martes la desvinculación de Sergio Urribarri de la embajada en Israel. El exgobernador de Entre Ríos había renunciado en abril pasado y aguardaba esta autorización para regresar al país.

A través del decreto 287/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial y que lleva la firma del canciller Santiago Cafiero, se aceptó la renuncia del funcionario en el cargo de embajador ante el Estado de Israel y se estableció su traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Con esta publicación, se cierra el trámite administrativo que se aguardaba para que el funcionario abandone el cargo.

Desde la oposición le habían reclamado al canciller por el regreso de Urribarri al país. “Pasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador Urribarri.

Ya debería estar de regreso en el país, pero nada de esto consta en documentos oficiales”, posteó en sus redes el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio. Legisladores como Waldo Wolff, Rogelio Frigerio, Graciela Ocaña y Pablo Torello, habían solicitado un pedido de informe a Cafiero.

No obstante, desde el Poder Ejecutivo remarcaron que con estos reclamos muestran “desconocen los mecanismos del Estado” que incluía un decreto presidencial.

Urribarri fue condenado el 7 de abril a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia entrerriana encontrara al exgobernador peronista (2007-2015) culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.

El fallo que emitió la Justicia entrerriana, que fue por unanimidad, lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua.

En el debate se puso bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015 y se lo acusó de ser parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvíos de fondos.

Tras conocerse la decisión, el funcionario puso “a disposición” su dimisión y así lo informó en su cuenta de Twitter.

El presidente, Alberto Fernández, se la aceptó de inmediato, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

En medio de todo esto, la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que integró el grupo de fiscales que el mes pasado logró la condena del exgobernador, fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos.

El cargo principal en su contra fue no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartía inversiones en fideicomisos para adquirir dos inmuebles.

Votaron por la destitución de Goyeneche los tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos que integran el Jurado (Juan Smaldone, Gisela Schumacher y Daniel Carubia), uno de los representantes de los legisladores provinciales (el peronista Armando Gay) y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro.

Por reponer a la fiscal en su cargo, en el que lleva cinco meses suspendida, se pronunciaron la abogada Verónica Mulone y Gustavo Zavallo, diputado provincial, también peronista.