A pesar de que los medios de comunicación no paran de multiplicar la noticia de que el jury de enjuiciamiento contra la fiscal “anticorrupción” Cecilia Goyeneche (46) votó su destitución por cinco votos a dos, asegura a media mañana del martes que todavía no fue notificada.

No duda de la información periodística ya que lleva meses convencida de que tarde o temprano iba a terminar expulsada de su cargo como procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.

Tampoco titubea al apuntar al gobernador Gustavo Bordet como el hombre encargado de impulsar un proceso “plagado de irregularidades” en su contra. Lleva casi medio año suspendida de su cargo y, ahora que se consumó su expulsión, sabe que ese plazo se extenderá.

En diálogo con PERFIL, afirma estar segura "de que me van a reponer”, y expresa su confianza en que prosperen los recursos que presentará en los próximos días con el objetivo de que la Corte Suprema tome intervención en el caso.

Dice, a su vez, que no la incomoda el apoyo de la oposición y que tampoco le molestaría una expresión de apoyo del Gobierno nacional, aunque no cree que eso vaya a ocurrir.

—Todo arrancó cuando descubrimos el mecanismo de sustracción que había establecido en la Legislatura, lo que se tradujo en la ‘causa contratos’, en septiembre del 2018. Vimos que hace más de una década el poder político venía sustrayendo, según calculamos, 53 millones de dólares en total. Ahí comenzaron los ataques y las presiones hacia el Ministerio Público Fiscal, incluso se le pidió un jury al procurador. Pasó el tiempo y a mediados de 2021, después de tantas postergaciones, empezaba el juicio a (Sergio) Urribarri (NdR: condenado a principios de abril por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado) en una investigación que habíamos impulsado y al poco tiempo se me inició el jury, que se aceleró sobre fines de septiembre pasado.

— ¿Por qué prosperó su jury hacia la destitución y no el del procurador general?

— El problema es que hay un vacío normativo y las posibilidades son dos: o un proceso como el que me sometieron a mí o el juicio político ante la Legislatura. Por mayoría se definió que su situación se defina en la Legislatura con juicio político y ahí el proceso está más trabado.

—El eje de la acusación en su contra es no haberse excusado a tiempo de la “causa contratos” cuando se llegó hasta Pedro Opromolla, con quien usted compartía un departamento. ¿Se arrepiente de no haberlo hecho?

—Primero hay que entender que los fiscales solo se pueden excusar en caso de causal gravemente afectada a la objetividad. Consideré que no tenía posibilidad de apartarme porque el conocimiento que tenía de esta persona, amigo de mi esposo, no afectaba mis posibilidades de llevar adelante la acusación. Incluso esta persona fue imputada y tiene un pedido de condena a seis años que acompañamos.

—Pero el departamento que compartían era un interés común entre usted y la persona investigada.

—(Opromolla) Era amigo de mi esposo. Ocurrió que mi esposo trabajaba en un estudio de arquitectura donde se venden los departamentos “de pozo” y me pidió que invierta como forma de compromiso de la familia en su trabajo. Compré el 50% de un departamento y él le pidió lo mismo a su amigo, por eso tuvimos en común ese proyecto inmobiliario. Pero a la primera sospecha que tuve, cuando decidimos allanarlo, me desprendí de la propiedad y cedí mi porción del departamento a una sobrina. Pero acá advierto un sesgo de sexismo: esta gente supone que porque el tipo era amigo de mi marido yo tenía que excusarme. Nunca vi que a un juez o fiscal hombre le hagan una observación de los amigos de la mujer.

—Más allá de la intervención del Poder Judicial, ¿cree que el proceso en su contra está empujado por una decisión política del Gobierno provincial?

—Esto viene esencialmente de la influencia política del gobernador actual Gustavo Bordet, más allá de que creo que (Sergio) Urribarri ha tenido una influencia fundamental. Sus vínculos motivaron que Bordet dé la orden para destituirme.

—El relato de los hechos que usted hace y la narrativa de los medios de comunicación la sitúan como una funcionaria judicial que es destituida por haber investigado al peronismo en una provincia peronista. ¿Le hace algún ruido ese recorte?

—Es correcto. El peronismo ha gobernado Entre Ríos en los últimos 22 años más o menos. Y cuando uno investiga corrupción investiga a quien tiene la caja. Acá el peronismo es el gran investigado, pero eso no quiere decir que sea el único porque, por ejemplo, también imputamos al intendente radical de Paraná y a otros no peronistas. Pero hay una clara línea de responsabilidad que tiene que ver con eso, con quien tiene la caja.

—Usted señala una supuesta complicidad en su contra del poder político del peronismo y al menos la parte del Poder Judicial que votó en su contra durante el jury. Sin embargo, quienes motivaron la denuncia que activó el proceso en su contra fueron Rubén Paglietto y Guillermo Mulet, dos personas vinculadas al radicalismo que también denunciaron a Urribarri. ¿Cómo se entiende eso?

—Ellos dicen que son radicales, pero no me queda claro. Urribarri dice que son radicales pero el factor común entre estas dos personas y Urribarri es la “causa contratos”de la Legislatura. Son amigos íntimos de Alfredo Bilbao, principal recaudador, el hombre que gestionaba la recaudación de todos los millones de los que hablé antes, el eje de todo el robo. Y otro dato: uno de estos denunciantes, Mulet, tenía su estudio jurídico pegado a la “cueva” de recaudaciones y un día apareció con la llave de ese lugar

—¿Es cierto que contrató o está siendo asistida por el consultor político y especialista en comunicación Carlos Fara para manejar la repercusión del caso en los medios nacionales?

—He tenido alguna conversación con él, pero ocurre que el caso ha tomado una dimensión enorme por la trascendencia institucional y Fara ha difundido las novedades del caso (NdR: en sus redes) porque le interesa.

—La oposición ha levantado fuertemente la voz en defensa suya en los últimos días, ¿le genera alguna incomodidad?

—Me parece que cuantas más voces se levanten marcando la barbaridad de esta situación, mejor. Si lo hiciera el Gobierno nacional, enhorabuena, aunque no tengo expectativas de que eso pase.

—¿Cómo cree que va a terminar esta historia?

—Se tiene que resolver jurídicamente, es el sistema judicial el que tiene que poner el derecho a funcionar y restablecer una cuestión que es de la República. Me van a reponer en el cargo, estoy segura de que eso va a pasar.