Los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos presentaron ya sus votos: por cinco votos contra dos, la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche será destituida.
Ahora, el jurado trabaja en la redacción final del fallo, que sería dada a conocer hoy o mañana, informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.
Goyeneche es la procuradora adjunta (número dos de la Procuración de Entre Ríos) y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Fue una de las fiscales que consiguió la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión.
El cargo principal en su contra fue no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartió la propiedad de dos inmuebles.
Votaron por la destitución de Goyeneche los tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos que integran el Jurado (Juan Smaldone, Gisella Schumacher y Daniel Carubia), uno de los representantes de los legisladores provinciales, el peronista Armando Gay, y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro.
Por reponer a la fiscal en su cargo, en el que lleva cinco meses suspendida, se pronunciaron la abogada Verónica Mulone y Gustavo Zavallo, diputado provincial, también peronista.
Cómo sigue
El reglamento del Jurado de Enjuiciamiento no prevé ningún recurso contra la decisión de remover al funcionario acusado, pero en casos similares, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se admitió que quien fue echado presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la provincia.
Después, si el Superior Tribunal rechaza su planteo, podrá interponer un recurso extraordinario para llegar a la Corte nacional.
Goyeneche sabía que iba a perder en el Jurado. “Me van a echar”, dijo a LA NACION hace tres semanas. Tiene de todos modos la esperanza de recuperar su cargo y jura que no analiza como alternativa iniciar una carrera política. “Ya vi demasiado”, sostiene.
“Tarde o temprano voy a tener una sentencia favorable”, afirma. Piensa en la Corte Suprema o en tribunales internacionales.
La acusación
La acusación principal contra la fiscal fue por no haberse excusado de intervenir en una gigantesca causa de corrupción en la Legislatura provincial pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.
Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal.
El nexo apareció en la causa cuando ordenaron embargar los bienes de este acusado y resultó que un departamento que intentaron inmovilizarle era de Goyeneche (ella relata que en ese momento ya no compartían la propiedad porque ella le había comprado a él su parte, pero que el registro no tenía el dato actualizado).
En cuanto al otro inmueble compartido, la fiscal le cedió su parte a una sobrina, con la causa ya avanzada, con el propósito -explicó- de no tener nada más que ver con Opromolla.
Quienes la defienden sostienen que ella no quería dejar la investigación de lo que define como “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” porque era consciente de la trascendencia del caso, cuyo objeto es una presunta estafa de más de 50 millones de dólares en la Legislatura.
Goyeneche, que finalmente se apartó del caso después del episodio del embargo, sostuvo en su alegato de defensa que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque quien era amigo era su marido y que no tenía ninguna obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que, sostuvo, no pasó en este caso.
Los votos de los jurados, que tienen cientos de páginas, se darán a conocer cuando el tribunal haya terminado el trabajo de compaginación. Una vez que Goyeneche esté formalmente notificada del fallo, tendrá ocho días hábiles para presentar su recurso.
