El Superior Tribunal de Entre Ríos rechazó el amparo de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche contra el avance del jury en su contra y el Jurado de Enjuiciamiento quedó así en condiciones de decidir si la destituye. Ella había intentado evitar que el proceso llegara a esta instancia. Está convencida de que los jurados van a echarla.

El máximo tribunal entrerriano se había negado originalmente a tratar el amparo de Goyeneche, pero la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pedido de la fiscal, le ordenó que lo hiciera.

En menos de una semana, con toda celeridad, el Superior Tribunal cumplió con el trámite que dispuso la Corte, rechazó el amparo y le cerró a Goyeneche el último recurso que le quedaba para frenar el avance del jury.

El fallo del Superior Tribunal fue firmado por los jueces Fabiola Bogado Ibarra, Emilio Matorras, María Gabriela López Arango, Guillermo Federik (en disidencia parcial) y Bernardo Salduna (en disidencia).

De los cinco, solo Salduna, el único que votó a favor de Goyeneche, es ministro del Superior Tribunal; los demás son camaristas que fueron convocados para decidir en este caso por recusaciones y excusaciones de otros magistrados. El jury retomará ahora su curso.

El lunes, cuando se suspendió la votación, ya había presentado su voto uno de los jurados, el juez Juan Smaldone. Este magistrado, uno de los tres representantes del Superior Tribunal entrerriano en el juicio, había sido recusado por Goyeneche, con el argumento de que ella investigó a su hijo en un caso por corrupción.

La recusación, presentada cuando el jury ya estaba muy avanzado, fue rechazada por seis votos contra uno. Según fuentes que siguen de cerca el proceso, Smaldone se habría pronunciado por la destitución.

Los miembros del tribunal son siete. De acuerdo con el orden asignado, la siguiente en votar será ahora Verónica Mulone (representante de los abogados).

Ella le dio la razón a Goyeneche cuando cuestionó que su acusación la llevara adelante un fiscal “ad hoc”, pero quedó en minoría.

Después de Mulone, votarán los otros cinco. En dos semanas el veredicto tiene que estar dictado.

En diálogo con LA NACION, la fiscal cuestionó el fallo en su contra: “Como dijimos desde el primer día, en Entre Ríos esta causa no está siendo tratada con herramientas jurídicas, no se está respetando el derecho, sino que se actúa con un objetivo político claro, lograr la destitución y el disciplinamiento de los investigadores de corrupción, así lo demuestra también esta sentencia, que desobedece a la Corte”.

El argumento del amparo de Goyeneche fue que, en contra de las normas que rigen el proceso, el Jurado designó como acusador en el jury a un abogado que no es fiscal. Según la mayoría del Jurado, en cambio, no podían poner a un fiscal a acusarla porque todos dependen de ella y de Jorge Amilcar García, el procurador general, que también fue denunciado.

El Superior Tribunal rechazó este miércoles el planteo de Goyeneche y sostuvo que no correspondía analizar el amparo. La jueza Bogado Ibarra desarrolló el argumento al que se sumó después la mayoría: las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento no pueden atacarse por medio de amparos.

“Las decisiones adoptadas por el HJE [Honorable Jurado de Enjuiciamiento] no pueden ser cuestionadas judicialmente por vía de la acción de amparo bajo el riesgo de provocar, además de las inimaginables interferencias al ejercicio de las funciones que le son en principio privativas, un quiebre del sistema institucional y republicano que nos identifica como Estado”, dijo la jueza.

Según ella, esta opinión no contradice lo ordenado por la Corte (que mandó a tratar el amparo). Bogado alegó que el máximo tribunal nacional había dicho que no era válido rechazar el amparo porque ya hubiera otro similar del Procurador, pero que ahora lo que se discutía era si, por la vía del amparo, podían o no revisarse decisiones sobre el trámite del jury. Para Bogado, no. El camino es el recurso que Goyeneche tendrá habilitado al final del proceso.

Federik, autor del segundo voto del Superior Tribunal contra Goyechene, fue más allá y respaldó además la decisión del Jurado de nombrar a un fiscal “ad hoc”. Destacó que el Ministerio Público es verticalista, con relaciones de “subordinación”, y que durante este jury Goyeneche había recibido el apoyo público de 102 fiscales; que todo ello que generó en el Jurado “un fundado temor de falta de objetividad de los integrantes del MPF para sumir la acusación” contra ella.

Matorras votó como Bogado. Consideró que los tribunales entrerrianos no pueden “inmiscuirse en el trámite” ni en las “decisiones adoptadas por quien resulta ser el único órgano natural encargado de juzgar” a una fiscal, que es el Jurado de Enjuiciamiento. López Arango adhirió a los votos de Bogado y Matorras.

Salduna, en cambio, le dio la razón a Goyeneche, pero quedó en soledad. Sostuvo que el Jurado, al correr al Ministerio Público de la acusación, violó “la garantía constitucional del debido proceso” porque “desoyendo la manda constitucional y legal, estableció una integración diferente del órgano acusador”. Salduna cuestionó que “en tan delicado proceso de enjuiciamiento”, el jurado se haya convertido en legislador, “con abierta transgresión al principio republicano de división de poderes”.

Cómo sigue el trámite

El jury no anunció la fecha en la que dará a conocer su decisión y según fuentes de la justicia entrerriana, esa fecha no está determinada. Dependerá del tiempo que se tome cada jurado para presentar su voto (los primeros pronunciamientos demoran más; después, los jurados suelen adherir a votos de otros).

De todos modos, se espera una definición rápida porque a fin de mes Goyeneche cumple seis meses suspendida y si para entonces no se decidió su suerte, debe ser repuesta en el cargo.

Los cargos contra Goyeneche

¿De qué la acusan a Goyeneche? El principal cargo contra la fiscal es por no haberse excusado de intervenir en una gigantesca causa de corrupción en la Legislatura provincial pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla. Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal.

El nexo apareció en la causa cuando ordenaron embargar los bienes de este acusado y resultó que un departamento que intentaron inmovilizarle era de la fiscal (ella relata que en ese momento ya no compartían la propiedad porque ella le había comprado a él su parte, pero que el registro no tenía el dato actualizado). En cuanto al otro inmueble compartido, Goyeneche le cedió su parte a una sobrina, con la causa ya avanzada, con el propósito de no tener nada más que ver con Opromolla. Quienes la defienden sostienen que ella no quería dejar la investigación porque era consiente de la trascendencia del caso, cuyo objeto es una presunta estafa de más de 50 millones de dólares en la Legislatura. No se sabe todavía hasta dónde podría escalar la cadena de responsabilidades.

Mulet, uno de los que promovieron el jury contra la fiscal, afirmó en cambio a LA NACION: “Nosotros denunciamos hechos. Ella tenía dos departamentos con un acusado. Y se desprendió de uno para seguir en la causa. Yo no sé en qué lo benefició, pero no nos corresponde probar eso: es ella la que tiene que explicar”.

Goyeneche, que finalmente se apartó del caso después del episodio del embargo, sostiene que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque quien era amigo era su marido y que no tenía ninguna obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que, sostiene, no pasó en este caso.