Entre Ríos es el escenario de una guerra judicial de película. La fiscal anticorrupción, coordinadora de un equipo que acaba de conseguir la condena a ocho años de cárcel de un exgobernador, se convirtió en la acusada de un juicio político que avanza a toda velocidad y que en cuestión de días puede terminar con ella echada. El jury empezó el lunes pasado y el jurado ya entró en la instancia de deliberación.

La fiscal, Cecilia Goyeneche, denuncia que la persiguen por haber investigado “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” -que no es la de la condena del exgobernador, es un caso todavía más escandaloso-, mientras que los abogados que pidieron su destitución, de origen radical, dicen que ella no es lo que aparenta, que en realidad pactó con el poder para simular avances judiciales que no son tales y que de esta supuesta conspiración participa también su jefe, el procurador de la provincia.

Ni siquiera el Superior Tribunal de Entre Ríos está al margen. Según Goyeneche, la corte provincial es “la armadora de la maniobra”; empuja en las sombras su destitución y dicta fallos para construir túneles legales que les permitan a los políticos corruptos eludir la cárcel. El caso ya trascendió toda frontera.

El jury contra Goyeneche motivó una consulta a la Argentina de parte del relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, que manifestó su preocupación, y llegó a la Corte Suprema.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tiene que dictaminar ahora sobre el amparo que presentó la fiscal para que la Corte nacional frene el juicio y la devuelva a su cargo de número dos de la procuración entrerriana (ella cumplía la función de fiscal anticorrupción, pero su nombramiento es de procuradora adjunta).

“Me van a destituir. Lo sé”, dijo ayer Goyeneche a LA NACION. Ella denuncia que además de ser infundado, el jury en su contra es ilegal porque quien la acusa en ese proceso, que debería ser un fiscal, no lo es.

Es un abogado que hace de fiscal, ¿por qué? Porque todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amilcar García, que también fue denunciado.

Entonces, según el tribunal, no pueden dar garantía de objetividad. La decisión de que la acuse un fiscal “ad hoc” fue lo que motivó el amparo de Goyeneche que espera una respuesta de la Corte nacional.