La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

La iniciativa, que deberá ser girada al Senado, recibió 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención.

El proyecto, presentado por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se debatía esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.

El plenario legislativo dio la media sanción con votos aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios (cuatro de las agrupaciones de derecha y otros cuatro de JXC).

Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que "esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público".

A su turno, el exministro de Salud bonaerense, el oficialista Daniel Gollán afirmó que "esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional".

"Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico", dijo el legislador de Juntos por el Cambio, Gustavo Bacha Bouhid, exministro de Salud de Jujuy.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.