El Consejo de la Magistratura celebró el último plenario con su composición actual, antes del cambio que impuso el fallo de la Corte Suprema y de su probable parálisis. Con los votos del oficialismo, aprobó un reglamento de “funcionamiento mínimo” para resolver las cuestiones administrativas si el Consejo se frena.

Las ternas para cubrir las vacantes de jueces no pudieron ser aprobadas por la falta de consenso. “Llegamos al último día del funcionamiento ordinario y normal del Consejo. Estuvimos haciendo muchos esfuerzos para coordinar y consensuar los requerimientos exigidos”, dijo el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, apenas comenzó la sesión.

Y adelantó: “No hemos arribado a ningún acuerdo más allá de haber sido generosos con la propuesta hacia el grupo que debía o debería haber generado esos dos votos que faltaban. Arrimamos, estuvimos a uno. No llegamos, los concursos hoy no van a salir”.

El diputado de Pro Pablo Tonelli le respondió: “No estoy de acuerdo con que los esfuerzos para arribar a consenso hayan sido tanto. Para mí faltó diálogo y conversación entre nosotros, pero bueno, hemos llegado a este punto, estamos comprometidos en el Congreso para tratar de rápidamente sancionar una nueva ley orgánica para solucionar el problema en el que se encuentra hoy el Consejo como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley”.

El oficialismo no logró, entonces, aprobar las ternas que le permitirían cubrir las vacantes de los tribunales federales de Comodoro Py porque no logró reunir la mayoría agravada de dos tercios requerida para aprobar ternas.

Pero finalizado el debate sobre los concursos, la votación del denominado “reglamento de funcionamiento mínimo” motivó fuertes discusiones entre los consejeros. Los miembros alineados con la oposición, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo y el diputado Pablo Tonelli (la diputada Silvia Giacoppo no votó porque se había levantado en el momento de la votación), se manifestaron en contra de la aprobación del reglamento, un documento en el que venían trabajando todos los consejeros desde hacía varios días.

El reglamento que se aprobó sin el aval de la oposición implica un esquema para que las funciones administrativas del órgano que selecciona y sanciona a los jueces no queden en pausa ante su eventual parálisis ya que, como administrador del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura se encarga del pago de los sueldos y de la compra de insumos entre otras cuestiones.

La oposición cuestionaba que el reglamento prevea que el presidente del Consejo, en este caso el juez Alberto Lugones, quedará autorizado para “la ejecución de los actos de administración necesarios para la asistencia y soporte material de los tribunales de justicia y del propio Consejo, la gestión de los recursos humanos bajo la superintendencia del Cuerpo en las materias impostergables -licencias que exceden las facultadas de los funcionarios de máxima jerarquía e inicio de actuaciones disciplinarias- y la asignación de asuntos a las diferentes comisiones al sólo efecto de su radicación”.

Ese punto también dispone que el actual presidente del Consejo podrá tomar otras decisiones administrativas previo acuerdo de una mayoría de siete consejeros. La oposición reclamaba que esa mayoría fuera de nueve y hubo un principio acuerdo en este sentido.

Llegada la votación, la oposición se pronunció en contra. Los consejeros oficialistas reaccionaron con dureza y finalmente el reglamento fue aprobado con siete votos (los del oficialismo más el de la diputada Graciela Camaño) contra cinco.

“Si la Corte asumiera sería una especie de intervención”, dijo Lugones. Y cuestionó las versiones de que, con la aprobación de este reglamento, el oficialismo podría aprobar ternas sin mayoría agravada.

“¡Seamos serios! Si quieren debatimos en cualquier lugar, pero no nos digan que vamos a hacer abusos. No los vamos a hacer!”, dijo Lugones, encolerizado.

Los consejeros aprobaron, además, otro reglamento para la convocatoria en el mes de octubre a las elecciones para de jueces y abogados.

Ayer, en tanto, en las horas previas al plenario, un juez federal de Paraná, Entre Ríos, falló en contra de lo que decidió la Corte Suprema de Justicia y le prohibió al Congreso, mediante un fallo, enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura.

Lo hizo al hacer lugar a una medida cautelar interina que solicitó el diputado del Frente de Todos de esa provincia Marcelo Cassaretto.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la conformación de 13 miembros, impulsada en 2006 por el kirchnerismo, y ordenó que el Consejo vuelva a la composición de 20 integrantes (sumando dos abogadas, un diputado y un senador por las minorías; un académico, un juez y el presidente de la Corte), siempre y cuando el Congreso no sancione una ley con una nueva conformación.