El ministro de Agricultura subrayó que la suba de retenciones "no afectará a los productores" y explicó que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida.

"La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de dos por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790/20. La suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", señaló el funcionario nacional.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera agraria destacó que "a los productores no se los afectará con esta medida, ya que tributan el mencionado porcentaje".

Y detalló: "Esta medida alcanza a once empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones".

"Respecto a los productores argentinos que han provocado una cosecha récord en trigo, hemos decidido con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica abrir los registros de exportación de la cosecha 22/23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizada", indicó Domínguez, en alusión al incremento que hubo en el valor de ese cereal debido a la invasión rusa a Ucrania.

Y continuó: "Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción".

El Gobierno confirmó el aumento del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, con la intención de controlar los precios domésticos, luego que el presidente Alberto Fernández declarara una "guerra contra la inflación" en el país.

A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó la suba de retenciones, suspendiendo hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a establecer el valor del 33%.

En otro decreto, el Gobierno anunció la creación un fondo "con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos".

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. Un alza de dos puntos en el impuesto implicaría una recaudación fiscal adicional de 425 millones de dólares para el Gobierno de Alberto Fernández, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

La tercera economía más grande de América Latina sufre desde hace años una elevada tasa de inflación, que en febrero alcanzó el 52,3% interanual, y apenas comenzó a recuperarse de tres años de recesión económica.

"La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir", dijo Alberto Fernández en un mensaje televisivo en la noche del viernes.

Los ingresos provenientes de las tasas a los embarques de productos agrícolas y agroindustriales son una muy importante fuente de recursos para el Gobierno argentino. Argentina también grava los embarques del trigo y el maíz, en un 12%.

En otro decreto, el gobierno anunció la creación un fondo "con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos".

La política oficial para el agro enfrentó a la gestión de Fernández con los productores agropecuarios, que sostienen una histórica tensa relación con los gobiernos peronistas debido a la tendencia de estos últimos de intervenir en los mercados.

La medida generó el rechazo inmediato de diversos sectores de la industria.

"Esto genera un clima de desconfianza e incertidumbre (...) Creo que va camino a una protesta nacional", dijo a La Nación+ Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el sábado tras conocerse la medida.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja por considerar que es una medida que "no tiene legalidad", desincentiva las exportaciones y atenta contra "la industrialización de la soja en el país".

"Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho derecho", dijo CIARA en un comunicado publicado en Twitter.

Para intentar combatir la inflación, el Gobierno también intervino en mercados de exportación agrícolas en el 2020. El año pasado por unas semanas aplicó cupos a los embarques de maíz, mientras que las ventas al exterior de carne de res aún tienen límites.

Entre las razones para tomar las medidas, el gobierno sostuvo que la invasión de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas.

"La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno", indicó el decreto.