En el tramo final de la discusión parlamentaria sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que dicho entendimiento no contempla una suba de impuestos ni de los derechos de exportación, pero, con sutileza, no las descartó a futuro.

En efecto, el funcionario aclaró que el Gobierno, como responsable de la ejecución del plan económico –que, admitió, comenzó a sufrir el impacto de la guerra en Ucrania–, podría apelar a distintas medidas para cumplir con los objetivos pactados.

“Sobre la cuestión de impuestos y retenciones no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI. El programa establece un conjunto de compromisos de políticas económicas generales. Pero después es responsabilidad del gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grandes que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman”, sostuvo el ministro ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

En el imponente Salón Azul del Congreso, Guzmán expuso durante poco más de cinco horas ante medio centenar de senadores. La iniciativa tendrá aquí un tratamiento exprés: este martes la comisión despachará el dictamen correspondiente para luego llevarlo al recinto este jueves, según confirmó el jefe del bloque oficialista, José Mayans.

Gracias al apoyo de la oposición, el acuerdo será convertido en ley antes del 22 de este mes, cuando la Argentina debe enfrentar un vencimiento de US$2800 millones con el Fondo.

Acompañado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, Guzmán procuró no dar pistas sobre las medidas que planea instrumentar el Gobierno para cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal contempladas en el acuerdo con el Fondo.

Insistió en que no está previsto un ajuste real del gasto público y en que los objetivos podrán cumplirse merced al crecimiento de la actividad económica, al consecuente aumento de la recaudación tributaria y a un más efectivo combate contra la evasión.

Los legisladores de la oposición se mostraron escépticos sobre este punto. “En la medida en que no sepamos hacia dónde vamos a caminar corremos el riesgo de que el ajuste lo haga la inflación”, advirtió el radical Martín Lousteau.

“Cuando no discutimos cómo reimaginar el Estado caemos en el peor de los mundos, en el ajuste más cobarde que podemos imaginar, el inflacionario”, agregó. Una y otra vez, desde Juntos por el Cambio se le reclamó al ministro alguna precisión sobre un eventual aumento en las retenciones agropecuarias tras la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones a la harina y al aceite de soja, una medida que encendió las alarmas en el sector.

“He recibido muchos llamados telefónicos de los productores, ya que [usted] iba a estar presente aquí. ¿Van a aumentar las retenciones? Tenemos que saber si seguimos sembrando o dejamos de sembrar”, descerrajó el senador y productor agropecuario Alfredo De Angeli, uno de los protagonistas de la pelea contra la resolución 125 en 2008.

Guzmán le respondió: “El objetivo es encontrar un equilibrio entre los incentivos a la producción y el impacto en la inflación interna. Dicho eso, le respondo: no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, del trigo, del maíz, del girasol, del poroto de soja y los demás granos”. Fuentes oficiales indicaron que sí está previsto subir dos puntos las retenciones a la harina y el aceite de soja.

La invasión a Ucrania y el “contexto de incertezas” también le dieron pie a Guzmán para referirse a los precios de los combustibles y los aumentos en las tarifas. “Hay un objetivo firme de ir pudiendo reducir los subsidios energéticos, pero también hay que tener en cuenta (...) las contingencias que se vayan presentando en el escenario nacional climático y en el internacional”, explicó.

Repitió, por momentos, pasajes del libreto que había expuesto la semana pasada en la Cámara de Diputados. Por caso, advirtió que de no aprobarse el acuerdo nuestro país enfrentaría “un potencial desestabilizante en el frente de la balanza de pagos con consecuencias potenciales cambiarias, inflacionarias, de producción de empleo y sociales”.

Guzmán enfatizó que el acuerdo no implicará un ajuste del gasto real. “No se contrae, sino que, por el contrario, se expande moderadamente para apuntalar la recuperación económica. Un esquema en el cual es el fortalecimiento de la recaudación el que contribuye a la reducción del déficit fiscal”, sostuvo.

También la titular de la AFIP negó que el acuerdo derive en un “impuestazo”, pese a la decisión del Gobierno de instrumentar un revalúo de los inmuebles de la Capital.

“No estamos planteando ningún impuestazo ni cambio de reglas, sino desandando la modificación de 2018 y asumiendo el mismo criterio que se utilizó hasta ese año: es decir, utilizar la misma base imponible que CABA para el impuesto inmobiliario”, explicó.

“La mejora en los ingresos la estamos pensando no a través de cambios en los impuestos indirectos o en los que caen sobre los sectores más vulnerables, sino mejorando la base imponible de los sectores con mayor capacidad contributiva”, insistió.