Sergio Urribarri, actual embajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, negó hoy tener vinculación con el proceso abierto en las últimas horas contra la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, en el Jurado de Enjuiciamiento.

La decisión fue tomada por una mayoría del organismo que integran el presidente del Tribunal Supremo entrerriano, jueces, legisladores y representantes de los abogados.

Goyeneche, como publicó ayer LA NACION, es quien coordina la acusación en el juicio oral que se le sigue a Uribarri y varios de sus exfuncionarios por supuestas contrataciones irregulares durante su gestión (2007-2015).

La ofensiva contra ella impulsada sucede al resultado electoral del domingo 14, donde el opositor Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio) aventajó al oficialismo local por 23 puntos.

“Desde que concluí mis dos mandatos como Gobernador de Entre Ríos, en el año 2015, diversos actos de gobierno de mi gestión aprobados oportunamente por los organismos de control que establece la Constitución provincial fueron motivo de denuncias judiciales y, del mismo modo que le sucede a numerosos dirigentes del espacio político que integro, se abrieron causas en mi contra que están en trámite y en las que ejerzo mi defensa y siempre he estado a derecho”, escribió Urribarri en una carta que envió a LA NACION a raíz de la publicación de la noticia sobre el jury a Goyeneche.

Y añade: “Esas acusaciones fueron motorizadas por abogados particulares de conocida militancia en la oposición: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, con quienes lógicamente sostengo un enfrentamiento político que es de público conocimiento en Entre Ríos. Con el doctor Mulet, incluso, iré a juicio porque también me denunció por calumnias e injurias y no se alcanzó un acuerdo en la instancia de mediación. En la nota de LA NACION justamente no figura el dato de que son estos dos abogados los autores de la denuncia contra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en causas judiciales a las que soy ajeno, por lo que mal puede afirmarse alguna vinculación de mi persona con este trámite previsto en la Constitución”.

En ese sentido, el embajador sostiene: “Niego terminantemente cualquier relación con la denuncia contra la doctora Goyeneche y contra la eventual decisión del Jurado de Enjuiciamiento de la que estoy en conocimiento sólo a través de publicaciones periodísticas, y que no es sino la de un instituto cuya conformación se caracteriza por la diversidad de actores institucionales y sociales sobre cuyas decisiones obviamente no tengo ninguna injerencia”.

La apertura del jury contra Goyeneche fue aprobada por seis de los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell (nombrado por el gobernador Gustavo Bordet), los vocales del STJ Daniel Carubia (nombrado por el exgobernador peronista Jorge Busti) y Claudia Mizawak (exabogada de Urribarri en causas de corrupción, a finales de los 90), los legisladores oficialistas Armando Gay y Gustavo Zavallo, y la abogada Sonia Rondoni. Solo votó en contra Luis María Campos, también representante de los abogados.

Una reunión de la asociación que nuclea a los jueces y fiscales de la provincia expresó preocupación por esta situación que derivó, además, en un jury contra el procurador provincial Jorge Amílcar García. Al menos 130 fiscales y funcionarios judiciales ya firmaron un documento para denunciar por esta situación que jaquea la independencia judicial.

Goyeneche, al hacer su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, rechazó las acusaciones de los denunciantes, vinculadas con supuesto mal desempeño, y concluyó que el cargo se basa en “datos fácticos falsos, carece de fundamentación y argumentación jurídica válida y solo constituye una grosera sumatoria de inexactitudes aventuradas con el sólito y torcido propósito de enviar un mensaje intimidatorio al Poder Judicial de Entre Ríos, para que no se avance en la investigación y juzgamiento de delitos de corrupción”.

Las acusaciones en su contra señalan que no se apartó de una causa contra un contador con el que supuestamente compartía una propiedad y porque su esposo había trabajado en un estudio contable investigado por ella. Pero el esposo trabajó hasta 1999 –muchos años antes de los hechos, que se iniciaron en 2007 y comenzaron a ser investigados en septiembre de 2018– y luego se fue a vivir a los Estados Unidos, donde residió por una década.

Y Goyeneche efectivamente adquirió en 2015 parte de un fideicomiso para la construcción de departamentos donde está el contador. Por esa relación es que luego ella se excusó de seguir interviniendo en el caso. Para los denunciantes ese alejamiento implica que no debió haber intervenido.