La defensa fracasó en un operativo para desplazar al fiscal
federal Walter Rodríguez de una causa que investiga a 26 directivos de nueve
empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo -entre ellos el vicepresidente
del grupo Clarin Héctor Mario Aranda y el ex titular de la Unión Industrial de
Santa Fe Javier Johnny Martín- por supuesta “contaminación ambiental peligrosa
para la salud” y mandar el legajo al Ministerio Público de la Acusación (MPA)
en el ámbito del fiscal regional Carlos Arietti. El juez federal Marcelo
Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- rechazó el planteo de
cuatro abogados defensores de doce de los imputados y ratificó la competencia
del fuero federal. El resultado del incidente es clave porque el miércoles que
viene arrancan las 26 indagatorias –que Bailaque ordenó en diciembre- y se
extenderán hasta el 6 de mayo, según fuentes seguras. La ronda de imputaciones
incluirá no sólo a Aranda sino también a otros dos directivos de Artes Gráficas
del Litoral (AGL), Pablo Andrés Fiasconaro y Luis Enrique Carrara, la empresa
que integran Clarín y el diario El Litoral. Y al presidente de Central Puerto
SA, Osvaldo Arturo Reca, el grupo que opera la Central Termoeléctrica Brigadier
López que Mauricio Macri le entregó a su amigo, Nicolás Caputo, hoy radicado en
Estados Unidos.
Bailaque desestimó el planteo de los imputados en un fallo
de casi 20 páginas, al que tuvo acceso Rosario/12. La defensa apeló ante la
Cámara Federal de Rosario, pero el recurso no frena las indagatorias que
comenzarán esta semana. Las audiencias están previstas para los miércoles y
jueves: el 21, 22, 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo.
El juez resolvió el incidente en tono expeditivo. “Comparto
lo dictaminado por el señor fiscal federal, a cuyos fundamentos me remito en
honor a la brevedad y doy aquí por reproducidos, a fin de evitar mayores
transcripciones innecesarias”, dijo. Por lo tanto, rechazó el "planteo de incompetencia”
y decidió que la causa siga en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe que Bailaque
subroga desde que se jubiló su titular, Francisco Miño.
Rodríguez se opuso a que el legajo pase al MPA –al dominio
de Arietti- porque lo que investiga es el supuesto “delito de contaminación
ambiental de un modo peligroso para la salud”, producido por “efluentes
líquidos de actividades industriales” que vuelcan al río Coronda. “Se ha
constatado la presencia de residuos definidos como peligrosos en los términos
de la ley”, explicó.
El “recurso ambiental
afectado” es el río Coronda y si bien es “un río interno de la provincia”,
pertenece a la cuenca del Paraná y al delta que comprende a Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires. Y citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que definen la competencia en causas que investigan “la contaminación
con residuos peligrosos o patológicos de un cauce de agua interno provincial,
cuando éste pertenece a una cuenca hídrica interjurisdiccional”. La competencia
es federal cuando “la contaminación investigada pueda afectar otros cursos de
agua” interprovinciales.
Según la doctrina de la Corte –precisó el fiscal- “puede
tenerse por acreditada la efectiva degradación interjurisdiccional en aquellos
casos, como el presente” en el que “está en juego la naturaleza integral e
interdependiente de la cuenca hídrica, definida como una unidad ambiental de
gestión, a la luz de los principios precautorio y preventivo del derecho
ambiental”. “El río Coronda es un afluente del Paraná” y éste forma “el
denominado Delta del Paraná.
En la investigación, se encontraron en un canal a cielo
abierto del Parque Industrial de Sauce Viejo “parámetros que superan el grado
de tolerancia normativa: DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda
química de oxígeno), SSEE (sustancias solubles en éter etílico), sulfuros y
coliformes fecales”. El director del Instituto Nacional de Limnología –que
depende del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral-, Agustín Collins
dijo que habían observado “una alta concentración de materia orgánica que va a
generar problemas de eutrofización en el río Coronda con potenciales
crecimientos de algas que generan toxinas. También se observa valores muy altos
en coliformes fecales que pueden provocar enfermedades gastroentéricas”.
“Es razonable
sostener que los efluentes contaminantes” de las empresas investigadas que se
vuelvan al Coronda “puedan extender sus efectos más allá de los límites
locales”, agrega el dictamen fiscal que citó Bailaque.
En esa línea, mencionó también el fallo de la Cámara Federal (Sala A) que confirmó la competencia del fuero en un amparo por la quema de pastizales en las islas de Victoria, en el Delta del Paraná, que afectan a Rosario. “Las islas forman parte de un inmenso humedal que alberga una importante diversidad biológica y configura un ecosistema vulnerable que merece ser urgentemente protegido a fin de evitar un mayor daño al medio ambiente de la región”, resolvió la Cámara con el voto de los jueces Aníbal Pineda, José Toledo y Fernando Barbará.