La oposición inició una nueva campaña para obligar a Mauricio Macri a vetar una ley. Ayer, diferentes bloques presentaron diversos proyectos en Diputados para dinamitar la resolución de la secretaría de Energía, que comanda Javier Iguacel, para que los usuarios de gas paguen en 24 cuotas la compensación a las distribuidoras por la suba del dólar del último semestre.

Esta nueva mini crisis legislativa se da a pocos meses de la fuerte trifulca que hubo sobre tarifas, con una pésima iniciativa sancionada en ambas cámaras que el presidente vetó. En esa ocasión, el Gobierno jugó fuerte para romper el bloque del PJ, que ahora es clave para que pueda avanzar el Presupuesto 2019.

De hecho, ayer hubo una reunión "técnica" por la ley de leyes entre el escurridizo presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina; las espadas económicas del peronismo y del Frente Renovador, Diego Bossio y Marco Lavagna, respectivamente; y el jefe del Pro en la Cámara baja, Nicolás Massot.

Los diputados comenzaron a "limpiar" divergencias en el articulado del proyecto. Si bien las diferencias fuertes se encuentran en seis artículos, también existen planteos en varias secciones del texto enviado por el Ejecutivo que el oficialismo no quiere dejar de "trabajarlo" con la oposición.

Esas buenas intenciones de la oposición desaparecen de manera abrupta al hablar de la resolución de la secretaría que lidera Iguacel. "Cualquier compensación que surja de la pérdida del valor del tipo de cambio en el precio del gas ya abonado por las distribuidoras a las productoras debe, obligatoriamente, ser tratada en Audiencia Pública Deliberativa con la necesaria presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que deberán precisar el impacto del cargo extra en el valor total que abona el Usuario Final, determinando una tarifa que deberá ser justa y razonable, y que no podrá aplicarse a los usuarios de manera retroactiva, sino solo para los consumos futuros", señala el proyecto de ley presentado por el PJ que firmó, entre otras legisladoras, la filosa Carolina Moisés (Jujuy).

Desde el massismo, en tanto, el bloque que preside Graciela Camaño adoptó tres medidas. Por un lado, presentó tres proyectos de resolución para que expongan sobre este tema no sólo Iguacel sino también el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Roitman. Por otra parte, pincelaron otra iniciativa para "dejar sin efecto o suspenda la resolución 20-2018 de la secretaría de gobierno de Energía" del 5 de octubre pasado, texto que acompañó el justicialista Bossio.

"El gobierno de Macri miente, no hay ley que establezca dolarizar tarifas. Hay una pretensión de volver a asaltar los bolsillos de los usuarios", dijo Camaño tras formalizar los dos senderos del Frente Renovador con respecto a la decisión del Ejecutivo. La tercera medida será un amparo, camino a seguir también por el progresismo silvestre de Diputados.

Los distintos proyectos podrían juntarse mañana, ya que la oposición aprovechará una convocatoria de la comisión de Energía para limar estrategia en común.

En el Senado, el cristichavismo se adelantó la semana pasada y mostró una iniciativa -no tenía hora ni sello de ingreso a la mesa de entradas de la Cámara alta, según el texto que envió un vocero- sobre el tema que replicó en las últimas horas el bloque de Diputados.

En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dejó en claro que la decisión del gobierno "no tiene nada que ver con compensar a las empresas, sino que es respetar los contratos que están dolarizados desde el año 1992, es decir desde hace muchos años, con respecto a las empresas productoras de gas". Sin embargo, el funcionario se mostró abierto "a discutir con dirigentes de la oposición medidas que puedan amortiguar este impacto" con "algo sobre lo que ya todos nos comprometimos, que es el presupuesto con equilibrio".