Mientras dura la feria judicial, el caso de Eduardo Bieler mantiene en vilo no solo al productor del norte santafesino, sino también a entidades rurales y a buena parte del sector agropecuario. La expectativa está puesta en una resolución antes de fin de enero: se espera que el conflicto se encamine por la vía política antes de que se reanude la actividad judicial. Cabe recordar que la provincia de Santa Fe le impuso hace seis años una multa ambiental por casi $380 millones —más del doble del valor estimado de su campo— por supuestas infracciones a la Ley de Bosques Nativos.
Tras hacerse pública la situación de Bieler, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tomó el caso y abrió un canal de diálogo directo con el gobierno de Maximiliano Pullaro, lo que generó una fuerte expectativa de resolución en el corto plazo, según los abogados de la entidad. En una consulta de LA NACION, el gobierno provincial aclaró que todas las instancias legales están suspendidas hasta febrero por la feria judicial y añadió, sin dar más detalles, que “están en análisis las alternativas”.
El caso de Belier, que causó conmoción en el sector agropecuario, se centra en una sanción por $379.809.189 aplicada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe por una supuesta infracción a la Ley de Bosques Nativos en un campo de 179 hectáreas en la localidad de Vera, durante la gestión de Omar Perotti. Según la defensa, la multa es “exorbitante y confiscatoria”, ya que más que duplica el valor real de la propiedad, estimado en unos US$107.000.
Bieler relató que en 2020 realizó tareas de mantenimiento habituales: apertura de picadas, limpieza de alambrados y poda sanitaria en un camino interno para permitir que la hacienda accediera al agua en un campo atravesado por el arroyo El Tigre y zonas de cañada natural. Todo ello en una zona categorizada como “amarilla” por la Ley de Bosques, donde el manejo está permitido bajo determinadas condiciones.
La cédula de notificación que recibió el productor
“Tomamos contacto con las autoridades provinciales y confiamos en que, habiendo hablado incluso con el gobernador (Pullaro), el gobierno de Santa Fe lo resuelva antes del reinicio de la actividad judicial”, dijo a LA NACION, Adrián Luna Vázquez, abogado y secretario de CRA.
La defensa espera que el Estado revise el accionar administrativo y revoque la sanción económica, reemplazándola posiblemente por un apercibimiento, lo que dejaría sin efecto la vía judicial. Consideran que la multa es “absolutamente desproporcionada”.
Luna Vázquez cuestionó la razonabilidad del castigo al productor. “No existe proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta. Esta persona, aun vendiendo el establecimiento, no llega a pagar el 50% de la multa. Es un campo de subsistencia. Es un avasallamiento hacia la propiedad privada lo que está realizando el Estado”, sostuvo.
Según el letrado, la provincia avanzó con la ejecución de la multa sin esperar una sentencia firme. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que este tipo de multas tiene naturaleza jurídica penal, y las multas, al tener naturaleza jurídica penal, como cualquier pena, no pueden ejecutarse hasta tanto no haya un juicio. Y acá no hubo juicio, hubo una determinación administrativa. Recién ahora está la instancia judicial y tiene que haber sentencia firme”, aclaró.
El productor admitió haber cometido un “error formal” al no solicitar la autorización previa, pero negó rotundamente haber desmontado o dañado el ecosistema. “El único error que cometí fue no pedir autorización. Porque, como lo dije siempre, si querés cortar el pasto en tu casa, no vas al intendente a pedirle permiso”, ejemplificó y agregó: “No hice daño”.
La zona donde está ubicado el campo del productor Google Maps
Si bien el proceso administrativo se inició durante la administración de Perotti y fue ratificado técnicamente el año pasado, la entidad ruralista apeló al sentido común del gobierno de Pullaro. Aunque reconocen que el mandatario santafecino no tiene “responsabilidad política directa” sobre el origen del expediente, sí la tiene como jefe del Estado provincial.
“El Estado tiene un principio de continuidad jurídica. Es como si el Estado nacional dijera: ‘No voy a pagar la deuda porque yo no contraje los empréstitos’. Es un disparate jurídico”, explicó el letrado de CRA. No obstante, se mostró optimista respecto a la recepción del reclamo. “El gobernador dijo que se ocupaba del tema, que conoce el caso. Derivó el tema en ministros con los cuales estamos conversando y han manifestado que van a resolver”, afirmó.
Para Luna Vázquez se trata de un campo pequeño, marginal, de subsistencia familiar. “La familia vive ahí y vive de esa actividad. Esto es un avasallamiento a la propiedad privada”, reiteró y subrayó que ninguna sanción puede ser confiscatoria.
Para Bieler, quien paradójicamente fue jefe de la Policía Rural de Santa Fe —lo que se denomina como Los Pumas— y dedicó su vida a hacer cumplir la ley, la situación desde 2020 es dramática. “No se lo deseo a nadie, no podés planificar nada, no podés mirar hacia un futuro porque tenés esto que está latente”, confesó.
El campo de 179 hectáreas, donde se observan las picadas de limpieza, de alambrados y para que la hacienda salga a la aguada
A pesar de la situación, el productor mantiene su confianza en la gestión actual, con la que tiene un vínculo previo por su paso por la fuerza. “Conozco a muchos integrantes del actual gobierno y por eso creo en su grandeza, porque entienden de campo. Ojalá tomen conciencia y cambien esto por un apercibimiento”, expresó.
Relató que, tras la imposición de la multa, contrató a un ingeniero agrónomo y presentó un plan de manejo de bosque que fue aprobado, para demostrar su voluntad de adecuarse a la normativa. “Si en algunas obras inconclusas que dejó el otro gobierno se pudo avanzar y terminarlas, ¿por qué no resolver un tema administrativo? Ellos saben que está mal. Solucionarlo va a demostrar un gran gesto del gobierno hacia los productores”, resumió el productor.
Desde CRA, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y el Foro de Seguridad Rural siguen el caso de cerca. “Estamos evaluando qué acciones se tomarían en caso de no llegar a una instancia de resolución, pero confiamos en que esa instancia está encaminada, según lo que nos han manifestado los ministros con quienes se está hablando”, cerró el abogado.
