Entrevista a Matías Cremonte sobre el DNU 340/2025
Matías Cremonte, abogado especializado en derecho laboral y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), conversó con las periodistas de "Soy casta" sobre las repercusiones del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, dictado por el Poder Ejecutivo. Este decreto establece que ciertos servicios esenciales deberán operar con una continuidad del 50 al 75% durante las medidas de fuerza.
Durante el programa, que se transmite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19 horas, Cremonte advirtió que la norma contiene un artículo que redefine lo que se considera "servicio esencial", imponiendo la obligación de mantener el 75% de la actividad durante una huelga en sectores que históricamente no han sido considerados fundamentales. Este miércoles, ATE y otras centrales gremiales expresaron un contundente rechazo a esta normativa.
“El derecho a huelga es fundamental y se aplica a todos. Ha funcionado de esta manera durante años. Nunca ha habido un conflicto durante una huelga que pusiera en peligro la vida o la integridad de los trabajadores”, destacó el abogado. Además, señaló de manera clara que el decreto es inconstitucional, ya que el presidente no tiene la facultad de legislar sobre derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional.
Cremonte también recordó que el derecho a huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución y respaldado por tratados internacionales que tienen rango constitucional, logrado a través de la reforma constitucional de 1994.
Según el abogado, el intento de limitar el derecho a huelga no es algo nuevo. El oficialismo ya había intentado una maniobra similar con el DNU 70/2023 y en el texto original de la ley de Bases, que debió sufrir modificaciones para su aprobación. “Es una obsesión” del Gobierno tratar de restringir este derecho fundamental, enfatizó, refiriéndose a la insistencia del presidente de la Nación en avanzar sobre uno de los derechos fundamentales de los trabajadores.
A pesar de que el decreto ya está en vigor, Cremonte considera que no tendrá una larga duración. Sin embargo, advirtió que mientras tanto, será utilizado como una herramienta de presión hacia los sindicatos. En este contexto, explicó que si una organización gremial decide iniciar una huelga, podría ser intimada a garantizar la prestación mínima exigida por la nueva norma. De no cumplir, el Gobierno podría iniciar un sumario para sancionar al sindicato. No obstante, enfatizó que estas sanciones no se podrían aplicar a los trabajadores de manera individual.
