La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) volvió a manifestar su disconformidad con una medida adoptada por el Gobierno nacional y, en esta oportunidad, apuntó contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por la implementación de la identificación electrónica obligatoria del ganado.
Desde la entidad rural entrerriana expresaron su rechazo a la normativa que establece el uso obligatorio de caravanas electrónicas para la trazabilidad animal, al considerar que la decisión fue tomada sin el debido consenso con los productores y que implica un incremento de costos en un contexto económico complejo para el sector.
Según plantearon desde FARER, la resolución del organismo sanitario nacional traslada nuevas cargas económicas y administrativas a los productores ganaderos, especialmente a los pequeños y medianos establecimientos, sin contemplar las realidades productivas de las distintas regiones del país. Además, señalaron que la medida debería haber sido debatida previamente con las entidades representativas del campo.
El reclamo a una serie de cuestionamientos que el ruralismo provincial viene realizando a distintas políticas impulsadas desde la Nación. En ese sentido, desde la federación remarcaron que acompañan los objetivos de mejorar la sanidad y la trazabilidad, pero insistieron en que las decisiones deben implementarse de manera gradual y con esquemas de financiamiento adecuados.
Este nuevo pronunciamiento se inscribe en una agenda de reclamos más amplia del sector agropecuario entrerriano. En meses anteriores, entidades rurales habían cuestionado con dureza la política de retenciones a las exportaciones agropecuarias, reclamando su eliminación o una reducción sostenida, al considerar que afectan la rentabilidad y desalientan la inversión.
También hubo críticas cuando el Gobierno nacional anunció esquemas transitorios o parciales de alivio fiscal, que desde el sector fueron calificados como insuficientes o de alcance limitado. En ese marco, los ruralistas entrerrianos vienen advirtiendo sobre la falta de previsibilidad y la acumulación de medidas que, a su entender, impactan negativamente en la producción.
Con este nuevo planteo contra el SENASA, la dirigencia rural de Entre Ríos vuelve a marcar distancia de decisiones adoptadas por la Nación y refuerza su reclamo de mayor diálogo y participación del sector en la definición de políticas sanitarias y económicas que afectan directamente a la actividad agropecuaria.
