Ese inmueble de calle Santa Fe fue defendido por entidades protectoras del patrimonio urbano, porque sus últimos dueños pretendían demolerlo.Pero la Legislatura de la Entre Ríos lo declaró de utilidad pública, y el Poder Ejecutivo dispuso su expropiación para el Poder Judicial.En breve, el Superior Tribunal podrá tomar posesión de esa casa, y se trasladarán allí organismos judiciales que actualmente no tienen cabida en el Edificio central de los Tribunales de la capital provincial.La gestión de compra se había iniciado a fines de 2004 y para mediados de 2005 el gobierno de la provincia se encontraba en condiciones de adquirir ese inmueble, al precio por entonces determinado por el Consejo de Tasaciones. Pero la propietaria no aceptó tales condiciones y el inmueble se terminó vendiendo a otro interesado.Con el correr del tiempo, el Secretario Legal y Administrativo de la Secretaría de Justicia provincial, se hizo eco del reclamo público de entidades defensoras del patrimonio urbano, que denunciaron la intención de los nuevos propietarios de demoler esa antigua casona de la ciudad, cuya construcción se destaca por la jerarquía de su estilo y época, y le consultó al Presidente del Tribunal, si persistía en el Cuerpo el interés en adquirirla. Porque de ser así, el Secretario, entendía que conforme lo consignó mediante nota del 28.5.07- "la solución jurídica estará dada a través de un proyecto de ley de expropiación, de conformidad al procedimiento constitucional y legal de estilo".El Dr. Daniel Carubia respondió que el STJ se mantenía en su intención de adquisición, atendiendo a las consideraciones de referencia, y destacó además que fue justamente por el colapso edilicio que atraviesa la Justicia, que se alquiló transitoriamente el inmueble de calle Santa Fe 326, y que esa situación se verá agravada con la próxima e inminente instalación de los organismos que demandan la implementación de los nuevos Códigos Procesales Penal y Civil y Comercial. Entonces la legislatura provincial dictó la Ley 9793, declarando a esa propiedad de utilidad pública, el Poder Ejecutivo dispuso su expropiación destinándola al Poder Judicial, y ahora, en breve, el STJ podrá tomar posesión de la misma.
