En los últimos meses, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento había sufrido una drástica reducción de programas y fondos, como parte del plan de ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Esta creciente limitación culminó recientemente con la renuncia de Marcos Ayerra, quien se desempeñaba como secretario Pyme desde finales de 2023.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que “presentó la renuncia por motivos personales”. En respuesta a esta decisión, el Gobierno decidió reestructurar la secretaría, convirtiéndola en subsecretaría y vinculándola a la Secretaría de Coordinación Productiva, liderada por Pablo Lavigne. Esta es la segunda salida de un funcionario en este ámbito en pocas semanas; a finales del mes pasado, Santiago Migone dejó su puesto como subsecretario de Gestión de Producción para trasladarse al sector privado. La insatisfacción por los bajos salarios en el Estado y la falta de actualizaciones está generando un fuerte descontento en todas las áreas oficiales, lo que podría derivar en más renuncias de mandos medios.
La secretaría que Ayerra dirigía contaba con tres subsecretarías: la de Pymes, encabezada por Christian Bauab; la de Emprendedores, a cargo de Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. Según se ha informado, la subsecretaría de Pymes quedaría bajo la supervisión de Lavigne, junto con las tres mencionadas.
El cierre de la Secretaría no sorprendió a los industriales, quienes señalaron que “a Ayerra ya le habían sido retirados muchos programas y financiación destinados a la política pyme” como parte del ajuste fiscal. La Unión Industrial Argentina (UIA) había pedido que al menos no se convirtiera en una dirección nacional, manteniendo su estatus como subsecretaría. “En la UIA era valorado porque escuchaba, aunque no contaba con mucho peso político ni instrumentos. Le habían recortado fondos para subsidiar tasas y para realizar aportes no reembolsables. No quedó nada. Manejaba la regulación de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca), pero ahora eso pasará al BCRA,” comentó una fuente de la central fabril.
La falta de políticas para la industria en general, y las pymes en particular, es un tema que los empresarios han criticado desde el inicio de la gestión de Milei. No solo no hay programas públicos que fomenten el crecimiento de este segmento empresarial, sino que el modelo aperturista que implementa el Gobierno, orientado a reducir la inflación, tampoco favorece. La pérdida de empleo es cada vez más evidente y, en los últimos dos meses, han aumentado los sectores que advierten un estancamiento de la actividad, que hasta finales del año pasado y principios de este parecía reactivarse en algunos rubros.
“La industria se encuentra un 10% por debajo en 2024. A pesar de que observábamos mejoras en ciertos sectores, hoy notamos un frenazo. Todos están aplicando políticas de ajuste. Al examinar la serie desestabilizada, la industria está igual que a fines del año pasado,” aseguró la fuente de la UIA.
Sobre el cierre de la Secretaría Pyme, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, subrayó: “La decisión política de cerrar la secretaría de la pequeña y mediana empresa se considera un paso hacia un mayor estancamiento del aparato productivo nacional Pyme. Esto podría implicar la desaparición de miles de pymes que requieren una asistencia que nunca recibirán.”
En cuanto al sector de la economía del conocimiento, desde la industria sostienen que, aunque mantenían una buena relación con Ayerra, operaban cotidianamente con el subsecretario y no esperan cambios. “Los programas siguen funcionando. La administración de la Ley de Economía del Conocimiento permanece bajo la actual dirección. Ahora estamos a la espera del presupuesto del próximo año,” indicaron fuentes del sector, preocupadas porque este año, debido a la menor disponibilidad fiscal, las grandes empresas están recibiendo menos beneficios de la Ley de lo que deberían.
“Hubo un recorte para las grandes empresas. La Ley tiene un mecanismo que establece que cuando el cupo fiscal es insuficiente, se produce una reducción para las empresas más grandes. Sin embargo, el sector continuó operando y las exportaciones alcanzaron cifras récord,” admitieron las fuentes. La principal ventaja de la norma es que permite a las empresas adheridas al régimen recuperar, en concepto de bono fiscal, entre el 70% y el 80% de las cargas sociales.
