La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Entre Ríos advirtió sobre los problemas que la desfederalización de los delitos menores relacionados con la tenencia y consumo personal de estupefacientes puede traerán para la Justicia ordinaria actualmente abarrotada de causas. Entienden que el proyecto, actualmente en la Cámara de Diputados de la provincia, “no da ninguna previsión respecto a cómo vamos a encarar, desde los Juzgados de Instrucción, esta cuestión, con la misma infraestructura y con el mismo personal que tenemos desde hace 25 años”. El presidente de la entidad, Alberto Seró, consideró que “se está legislando con una improvisación total”.El proyecto tuvo media sanción en Diputados, fue aprobado con modificaciones en el Senado y regresó a la Cámara de origen donde se encuentra actualmente. La Asociación de Magistrados viene solicitando desde hace dos semanas una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Orlando Engelmann, y con los autores de la norma, Julio César Aldaz y Juan José Bahillo, para discutir la iniciativa, que ellos consideran “un error”. Alberto Seró explicó que el proyecto de Aldaz y Bahillo “pasa a competencia ordinaria” los delitos de tenencia simple, tenencia para consumo y un nuevo tipo penal creado a través de la ley 26.052 que modifica la ley 23.737 y que “podría llamarse suministro o convite de estupefaciente a título gratuito”, que hoy son competencia de la Justicia Federal. “Entre un 80 y 90 % de las causas que se tramitan en los Juzgados Federales de Paraná y Concepción del Uruguay, los únicos que hay en la provincia, son de esta materia”, sostuvo el magistrado y explicó que el avance en la aprobación de esa ley “nos va a llevar a asumir una cantidad de causas en los Juzgados de Instrucción, que están abarrotados”. Mientras “caminamos todos juntos hacia una reforma del Código Procesal Penal, con un sistema acusatorio donde uno de los principios es el de oportunidad, para dejar de perseguir aquellos delitos que son extremadamente leves y ponernos a trabajar en los delitos que la sociedad demanda”, se promueve esta ley que “va traer todos esos delitos leves a la competencia ordinaria”, cuestionó en diálogo con APF.“IMPROVISACIÓN” Seró sostuvo que el proyecto de ley “no da ninguna previsión con relación a cómo vamos a encarar desde los Juzgados de Instrucción esta cuestión, con la misma infraestructura y con el mismo personal que tenemos desde hace 25 años”. Además, “es una cuestión nueva para los jueces para la que se necesita una capacitación especial”, agregó.Según explicó, ley 23.737, “de la que el proyecto provincial toma para sí todos los institutos procesales, tiene previstas medidas de seguridad educativas y curativas para las personas que consumen estupefacientes”. Sucede que “no tenemos en el Poder Judicial personal, ni equipos técnicos preparados para las medidas educativas ni curativas. No hay institutos en la provincia que sean capaces de tratar en forma estatal, es decir gratuita, la adicción a los estupefacientes”, alertó.El magistrado consideró que “se está legislando con una improvisación total”. Pese a ello, rescató de la norma la creación de un instituto para la prevención de la drogadicción, que, a su entender, ya debería existir en Entre Ríos. Dicho instituto “se realizaría con fondos nacionales, pero si tomamos para la provincia la competencia en la cuestión penal”, explicó Seró, y si bien consideró “de primera necesidad” su creación, entendió que no se puede tomar “como moneda de cambio”.El otro inconveniente, para la Asociación de Magistrados, es que se puede llevar a plantear con esta ley una “cuestión de competencia” con la Justicia Federal, donde quedarán los demás delitos relacionados con la represión del tráfico de estupefacientes. “Esto volverá a la Justicia lenta, enmarañada y, en definitiva, va a perjudicar al justiciable”, indicó.
