Los reclamos y el corte en la autopista Panamericana protagonizados por empleados de Lustramax, la firma bonaerense que elabora y comercializa productos de limpieza, artículos para catering y papelería, resultaron una oportunidad perfecta para el Gobierno. Se trató de una ocasión inmejorable para mostrar ante la opinión pública la necesidad de sancionar una reforma laboral y poner fin a esta serie de conflictos que se agrandaron en la era Javier Milei.
La iniciativa establece en su artículo 134 que una protesta no puede incluir el bloqueo o toma de establecimientos laborales o industriales. Además, penaliza impedir el ingreso o egreso de personas o bienes al lugar de trabajo y afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieren a la medida.
Tales conductas pueden acarrear sanciones económicas o incluso la pérdida de personería gremial, dependiendo de cómo se reglamente la norma. Es un tema que siempre encontró resistencia en el sindicalismo, que luchó para que en el capítulo laboral de la sancionada Ley Bases de 2024 no se reglamentara el artículo dedicado a los bloqueos.
En el gremialismo el análisis es sencillo: la norma, tal como está redactada, deja a libre interpretación a las autoridades gubernamentales y judiciales cuándo existe bloqueo y cuándo no. “Un trabajador puede fumar en la puerta de una fábrica y una denuncia avalada por un juez lo puede dejar sin trabajo y sin indemnización por despido”, dijo un integrante de la calle Azopardo en relación al artículo. Tras una discusión intensa, fundamentalmente con la CGT, finalmente no hubo reglamentación. Pero, después de las elecciones de octubre, el oficialismo reapareció recargado y dispuesto a zanjar la discusión imponiendo su punto de vista en el texto que consiguió dictamen en el Senado.
Los problemas que se generaron en Lustramax sirvieron para que, con Gendarmería a cargo, se disolvieran las protestas de los empleados en las inmediaciones del establecimiento. Es una escena que podría volverse habitual con la reforma laboral aprobada por el Congreso. A esa intervención le siguió una narrativa concentrada en destinada a desprestigiar el reclamo laboral y a quienes lo sostienen, como los integrantes del Frente de Izquierda (FIT).
Los tuiteros más alineados a La Libertad Avanza, como “El Buni”, dirigieron sus críticas principalmente a la ocupación. “Los diputados del Frente de Izquierda mandaron a ocupar la empresa Lustramax para que les den plata. Los delegados tomaron la planta sin consultarle a los empleados. Ahora la empresa se fundió y quedaron 200 trabajadores en la calle. Unos genios”, dice uno de sus posteos que más likes cosechó.
Sin embargo, el discurso oficial de orden y cuestionamientos a la izquierda y a los empleados tuvo su contracara. A lo largo de la jornada, delegados de la firma hablaron de la situación que atraviesan y detallaron qué sucedió para que escale la pelea que desembocó en un corte total de la autopista Panamericana esta semana.
Uno de los delegados, Leandro Gómez, denunció que la patronal avanzó con despidos arbitrarios, persecución gremial e imposición de condiciones laborales fuera del convenio colectivo, en línea con la reforma laboral que puso el debate la gestión libertaria. También descartó haberle exigido dinero para pagar canchas y asados, como contó el empresario en distintas entrevistas, y aseguró que esos dos beneficios habían sido “otorgados” por la empresa.
“Cuando ingresé en el 2019 las condiciones eran esclavistas. Laburábamos 10 horas de lunes a viernes. Los sábados nos hacían trabajar por un sueldo menor al de convenio. No había delegados en esta planta, y éramos 125 en ese momento. Antes no se nos pagaba la obra social”, lamentó el delegado de Lustramax.
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