De la redacción de INFORME DIGITAL
La autorización para que el gobierno de Rogelio Frigerio tome hasta 500 millones de dólares reordenó el tablero político y económico de Entre Ríos. La ley de “Sostenibilidad de la deuda pública” ya está vigente, el oficialismo habla de “deuda mala” y “deuda buena”, la oposición denuncia sobreendeudamiento y economistas advierten por la falta de proyectos detallados y por los riesgos cambiarios. Mientras tanto, la operación sigue sin ejecutarse y el contexto financiero internacional volvió a moverse.
Qué dice la ley de los 500 millones
El Senado entrerriano aprobó a fines de agosto el proyecto de “Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos” y luego la Cámara de Diputados lo convirtió en ley, habilitando al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por hasta 500 millones de dólares.
La norma declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda provincial y faculta a la gestión de Frigerio a reperfilar pasivos ya existentes, canjear títulos o contraer nuevas obligaciones, en moneda local o extranjera, siempre dentro de ese tope.
Coparticipación como garantía
El texto legal permite afectar, como garantía, recursos de la coparticipación federal y otros ingresos tributarios de la provincia. Esto busca darle seguridad a los acreedores, pero a la vez implica que, en caso de tensión financiera, parte de los recursos que llegan automáticamente a Entre Ríos podrían quedar comprometidos al pago de la deuda.
Desde el oficialismo provincial sostienen que se trata de una herramienta estándar en operaciones de crédito subnacional: sin garantías, las tasas serían más altas o directamente no habría acceso al financiamiento.
El relato oficial: de la “deuda mala” a la “deuda buena”
En los últimos días, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, profundizó la narrativa oficial al dividir la deuda entre “mala” y “buena”. La “deuda mala” sería la heredada, por unos 517 millones de dólares, cuyos vencimientos se concentran en la actual gestión; la “deuda buena” serían nuevos créditos por unos 350 millones de dólares destinados —según el gobierno— a infraestructura y obras estratégicas.
Colello presentó esta clasificación como marco para el debate presupuestario, insistiendo en que el objetivo es evitar un escenario de incumplimiento y, al mismo tiempo, ordenar las cuentas para poder financiar obras y servicios.
Las objeciones políticas de la oposición
En la discusión legislativa, el bloque justicialista rechazó el proyecto. Entre sus argumentos, remarcó que ya existía una ley provincial que permitía reestructurar deuda, por lo que no consideraba necesaria una nueva autorización tan amplia para endeudarse hasta 500 millones de dólares.
Dirigentes del PJ calificaron la iniciativa como “irresponsable” en el contexto social y económico actual y marcaron el riesgo de generar una carga financiera en dólares que termine condicionando a futuras gestiones. También cuestionaron que la ley no precisara un listado de obras ni metas cuantificables de resultado, más allá de la mención genérica a infraestructura.
Los reparos técnicos de Michel y Gabás
Desde fuera de la estructura formal del gobierno pero con fuerte presencia en el debate público, Guillermo Michel criticó el texto aprobado al considerar que otorga al Ejecutivo “un cheque en blanco” para endeudarse, sin reglas de responsabilidad fiscal detalladas ni controles suficientes sobre la contratación y el destino de los fondos, según expresaron medios locales que recogieron sus declaraciones.
En el plano estrictamente técnico, el economista Mg. Cr. Álvaro Gabás cuestionó la propia idea de “deuda buena” y “deuda mala”. Sostiene que, en finanzas públicas, la distinción relevante es entre deuda sostenible o insostenible; y que el reconocimiento oficial de que la provincia “no tiene capacidad financiera para afrontar los vencimientos con recursos propios” es, por sí mismo, un indicador de estrés fiscal y no de orden.
Gabás advierte además que nuevos créditos en dólares, sin una cartera de proyectos publicada, estudios de impacto ni evaluaciones de costo-beneficio visibles, exponen a Entre Ríos a riesgos cambiarios significativos y a una mayor fragilidad si los recursos no se traducen en inversiones productivas.
El contexto financiero externo y la pausa de la emisión
La discusión no se da en el vacío. En septiembre, tras una derrota política de Javier Milei que impactó en la percepción de riesgo del país, el riesgo país argentino superó los 1.100 puntos y la provincia decidió pausar la salida al mercado vinculada a la autorización de los 500 millones de dólares, tal como informó en su momento INFORME DIGITAL.
Desde entonces, el escenario cambió: el gobierno nacional anunció el lanzamiento de un bono en dólares con vencimiento en 2029 y cupón de 6,5%, como parte de su estrategia para volver gradualmente a los mercados de deuda. Diversas fuentes señalan que el riesgo país ronda hoy los 600 puntos, lejos de los máximos de 2024 y de los picos de 2025.
Aun así, hasta la fecha no se conocieron anuncios oficiales de la provincia sobre una emisión concreta bajo la ley de sostenibilidad. La ventana financiera parece más favorable que en septiembre, pero la decisión final seguirá dependiendo de dos variables que hoy están en el centro del debate:
- si la nueva deuda mejora efectivamente el perfil de vencimientos sin agravar la vulnerabilidad en dólares;
- si la provincia presenta, o no, un plan transparente de obras y proyectos que permita evaluar el verdadero retorno económico y social de esos 500 millones.
En ese cruce entre ley, relato político, advertencias técnicas y condiciones de mercado se juega, en definitiva, el sentido de la mayor apuesta financiera de Entre Ríos en los últimos años.
