El pedido tiene fecha del 16 de enero de 2007, está dirigido al ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos de la provincia, y firmado por el apoderado de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, doctor Manuel Tennen. Tiene su razón de ser en la decisión del Gobierno entrerriano de convocar a elecciones provinciales en forma separada de las nacionales, algo que ocurre por primera vez en este período democrático. “Históricamente estas elecciones se han celebrado en forma conjunta con las elecciones nacionales, que cuenta con el financiamiento previsto en al Ley 25.600, lo que contribuye a sufragar los ingentes gastos que demanda toda concurrencia al acto comicial”, se lee en la misiva, donde se agrega que “al resultar desdobladas las elecciones mencionadas con las nacionales se produce para los partidos un doble gasto, quedando la parte correspondiente a los comicios locales sin apoyo financiero alguno del sector público”. Así las cosas, la UCR le pide al Gobierno provincial “la contribución necesaria para compensar este desfinanciamiento económico inevitable que se genera en los partidos políticos para poder participar de las elecciones generales provinciales” convocadas mediante el decreto 5056/06 para el 18 de marzo próximo. “Entendemos que ello no constituye una erogación sino una inversión genuina para el mejor funcionamiento del sistema democrático, al posibilitar la movilización, participación y difusión de ideas de todo el espectro político, de modo tal que la ciudadanía disponga de la adecuada información para ejercer el derecho supremo del voto popular”, dice la UCR. FUNDAMENTOS La argumentación jurídica del planteo recuerda que la Constitución Nacional, en su artículo 38, establece que “los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”, que les garantiza “la competencia para la postulación de candidatos a cargos electivos” y “la difusión de sus ideas”, y que establece que “el Estado contribuye al sostenimiento de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes”. A fin de una “distribución equitativa de los fondos que al efecto se asignen”, Tennen sugiere adoptar “un sistema similar” al que prevé la ley nacional 25.600. Esto es, una parte por cuotas iguales entre todas las fuerzas políticas que oficialicen listas a nivel provincial y el resto en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones generales de la misma naturaleza, en este caso, las provinciales del año 2003. El artículo 22 de esa norma dispone que los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral se distribuyan entre los partidos y alianzas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección de cargos públicos nacionales con un 30 % del monto asignado por el Presupuesto en forma igualitaria y el 70 % restante en forma proporcional a la cantidad de votos de la última elección. El apoderado de la UCR mencionó también dos normas provinciales no citadas en el escrito dirigido al Gobierno: • El artículo 37 de la ley 5.170 (de partidos políticos) que dispone que para el caso de contribuir el Gobierno provincial por medio de subsidios a la actividad de las fuerza políticas, “la Ley de Presupuesto determinará la afectación de los recursos necesarios que serán distribuidos y fiscalizados por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de acuerdo con la pertinente reglamentación”. A tal efecto, crea un “fondo partidario permanente” y ordena el establecimiento de franquicias “en lo que se refiere a comunicaciones y rebajas en medios de transporte provinciales”. • El artículo 22 de la ley 9.659 (de internas abiertas y simultáneas), donde se establece que “el Poder Ejecutivo provincial afectará la partida presupuestaria necesaria para la implementación de la presente ley” y, para el primer año de aplicación, si el presupuesto ya hubiese sido aprobado “se harán las economías de partidas necesarias para su implementación”. A todo esto, Tennen recordó el compromiso asumido públicamente por el Gobierno en este sentido el año pasado, al momento de anunciar el desdoblamiento electoral que, según el cálculo oficial, tendrá un costo total de 3,5 millones de pesos. El proyecto de la UCR olvida mencionar al Partido Popular de la Reconstrucción (PPR) que ya venía participando en elecciones provinciales y al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que por primera vez presenta candidato a gobernador. En el caso de Julio Solanas no se disponen aportes por votos porque esta es la primera vez que compite con su Frente por afuera del PJ. Lo mismo ocurre con Agustín Addy, de PRO. Se indica que “a los partidos vecinales se les podría asignar simplemente el peso por voto obtenido en 2003”. (Fuente: El Diario)
