Los números detrás de la pelea por la reforma laboral: Milei y los gobernadores pulsean por $2 billones

El debate por la reforma laboral volverá al Senado en los próximos días enmarcado en una discusión que ya comenzó entre la Casa Rosada y los gobernadores. El motivo: 2 billones de pesos que desaparecerán de la recaudación impositiva que se reparte de manera federal si se aprobaran los cambios tributarios incluidos en el proyecto.

Detrás de los cambios en las reglas de funcionamiento del mercado laboral, el proyecto incorpora una batería de modificaciones tributarias que recortan recursos coparticipables, en especial del impuesto a las Ganancias.

Ese punto explica la resistencia de los gobernadores, que ya reclaman a la Nación algún mecanismo de compensación por fondos que dejarán de llegar a sus cajas. Así, el Gobierno nacional ingresa en un terreno en el que buscará preservar un equilibrio fino entre la negociación que garantice la sanción parlamentaria del proyecto pero sin poner en riesgo el superávit fiscal.

El proyecto comenzó a discutirse en comisiones del Senado en diciembre, pero el tratamiento se suspendió y se retomará en febrero, con los números ya en el centro de la discusión política. El receso de verano en el Congreso sirvió para que Nación y gobernadores se entreguen a una esgrima por esos fondos que se hará más intenso con el correr de las semanas.

El núcleo del conflicto pasa por Ganancias. La iniciativa reduce las alícuotas que pagan las empresas y suma otras modificaciones, como exenciones vinculadas a la renta inmobiliaria.

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que dirige Nadin Argañaraz el costo fiscal directo inicial de esos cambios ronda el 0,22% del PBI, lo que equivale, a valores actuales, a cerca de $1,9 billones anuales.

De ese total, alrededor de $790.000 millones corresponden a la Nación y unos $1,12 billones impactan sobre el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por la manera en que está diseñado el sistema de reparto federal de fondos, en términos nominales las que más perderían serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y luego Chaco y Entre Ríos.

Argañaraz explicó que la baja de impuestos puede leerse como una apuesta a largo plazo. “Las bajas de impuestos pueden ser analizadas como un proyecto de inversión para el fisco”, señaló, al remarcar que el costo es inmediato o en un lapso corto, mientras que el eventual beneficio depende de una mayor actividad económica y de una base imponible más amplia.

En el caso de Ganancias, además, el impacto no resulta inmediato. El economista precisó que el costo fiscal “se va a dar recién en 2027”, cuando las empresas liquiden el ejercicio fiscal de este año. Así, el efecto sobre la recaudación quedaría postergado hasta el año próximo, aunque no elimina la discusión sobre su reparto.

Mientras no cambie el esquema de coparticipación, cualquier merma en Ganancias se distribuye entre Nación y provincias según los porcentajes vigentes. “La mayor o menor recaudación de Ganancias se reparte proporcionalmente entre todas las jurisdicciones”, sostuvo Argañaraz, lo que deja a los gobernadores en una encrucijada: si no existiese una compensación de esos fondos que pierden, quedarían forzados a aplicar nuevos ajustes propios.

Otros centros de estudio coinciden en que el impacto sobre las provincias resulta significativo. Un trabajo del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDEAM) amplió la mirada y analizó el paquete completo de la reforma laboral.

Según ese análisis, la baja de Ganancias golpea de lleno a la coparticipación y se suma a otros recortes de recursos que afectan de manera indirecta a las provincias, ya sea por menor recaudación propia o por mayor presión sobre el gasto social. Para Cedeam, el costo fiscal por esta vía es mayor: 0,36% del PBI.

La disputa se vuelve más compleja cuando se combinan los números tributarios con las metas fiscales. Un informe de la Fundación Mediterránea advirtió que, si se aprueban los cambios impositivos incluidos en la reforma laboral y además cediera en el reclamo de una compensación hacia las provincias, el Gobierno nacional necesitaría profundizar el ajuste sobre el gasto discrecional para sostener el superávit primario de 1,5% del PBI previsto en el Presupuesto.

Según ese trabajo, el recorte adicional debería rondar el 19% real en términos anuales. Si las provincias logran que la Nación las compense por la caída de recursos coparticipables, el esfuerzo trepa a un ajuste cercano al 22% real. Los gastos discrecionales son aquellos que no están indexados como lo son las jubilaciones.

Desde esa óptica, la pulseada con los gobernadores no se explica solo por una discusión técnica sobre impuestos, sino por la estrechez del margen fiscal. La Fundación Mediterránea estimó que además de Ganancias, todos los cambios en impuestos coparticipables implican un costo de 0,2% del PBI.

Ese sería el margen de “compensación” que requerirían las provincias. En ese escenario, cualquier decisión de ese tipo tensionaría el compromiso de déficit cero que el Ejecutivo muestra como ancla de su programa económico.

El año pasado finalizó, por segunda vez consecutiva, con equilibrio financiero en las cuentas públicas y este año tiene menor margen el Palacio de Hacienda para aplicar recortes.

El Gobierno apuesta a que, con el tiempo, la rebaja de Ganancias mejore la rentabilidad y empuje la inversión, lo que permitiría recuperar parte de la recaudación perdida.

Argañaraz sostuvo que una menor alícuota “reduce el incentivo a evadir” y puede provocar un traspaso de actividad informal a formal, un efecto que también suma recursos. Sin embargo, reconoció que esos resultados dependen de que la política se sostenga en el tiempo, algo que la historia argentina no siempre garantizó.

Para los gobernadores, el problema es menos teórico y más inmediato. La pérdida de fondos coparticipables impacta sobre presupuestos ya ajustados y limita la capacidad de sostener gasto corriente y obra pública.

Por eso, el reclamo de una compensación aparece como una condición para acompañar el proyecto. En la otra mano, para la Casa Rosada aceptar ese pedido implica resignar parte del ajuste o buscar nuevos recortes.

El tratamiento de la reforma laboral se retomará en febrero con estos números sobre la mesa. La pregunta que atraviesa al arco político no es solo si la reforma conseguirá romper el estancamiento del mercado laboral de la última década, sino qué costo tendrá para el financiamiento del propio sector público. Y sobre todo, de qué manera se repartirá. Será la pulseada política y económica del verano.

La economista Nuria Susmel, de la Fundación FIEL, contextualizó la discusión de la reforma laboral en un problema estructural de la economía argentina: la dificultad persistente para crear empleo asalariado en blanco.

Según planteó, “si se analizan los datos desde la década del 80, solamente entre 2002 y 2013 el empleo asalariado registrado mostró una dinámica importante”, mientras que antes y después de ese período predominó un mercado laboral con bajo crecimiento y alta informalidad.

Susmel explicó que ese desempeño respondió, en gran medida, a una macroeconomía marcada por “largos períodos de inestabilidad”, a lo que se sumaron costos elevados para producir y contratar. Entre ellos mencionó la carga impositiva, la burocracia y, en particular, los costos laborales.

“Si los ingresos de un negocio no cubren todos los costos, existen dos posibilidades: o no se inicia -o cierra- el negocio, o se trata de evadirlos”, advirtió, lo que en el mercado de trabajo derivó en empleo no registrado o en vínculos laborales difusos, como trabajadores que facturan en lugar de cobrar un salario.

En ese marco, sostuvo que la reforma laboral apunta a “bajar costos y mejorar la competitividad”, con el objetivo de incentivar la inversión, el crecimiento y la formalización. Uno de los ejes centrales fue la reducción de la litigiosidad laboral, que Susmel describió como “una práctica habitual que agrega un costo adicional e incierto al momento de contratar”, potenciada por el hecho de que los trabajadores litigan sin gastos.

El proyecto, señaló, buscó acotar esa incertidumbre al definir con mayor precisión conceptos hoy sujetos a interpretación judicial, como qué rubros integran la remuneración, cuál es la base indemnizatoria y cuáles son los plazos de prescripción.

Susmel también destacó la flexibilización de la jornada y la organización del tiempo de trabajo, con herramientas como bancos de horas o promedios de jornada, que permiten adaptarse a la estacionalidad o a cambios tecnológicos.

Sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), reconoció críticas por un eventual abaratamiento del despido, pero subrayó que la acumulación de fondos es gradual y que, ante cierres o quiebras, “los recursos existirían para pagar indemnizaciones, algo que hoy no siempre ocurre”.

El principal cuestionamiento, advirtió, es que el FAL se financia con recursos de la seguridad social, lo que “profundiza la desfinanciación de un sistema que ya muestra déficits”. En conjunto, concluyó, la reforma avanzó hacia un mercado laboral “más flexible y previsible para el empleador”, aunque consideró, como advertencia, que no quedará a salvo de una fuerte resistencia política y una eventual judicialización.