El kirchnerismo se mantiene en pie de guerra y busca aliados para voltear en el Congreso los decretos delegados firmados por el presidente Javier Milei que impulsan una reforma integral de cuatro de las cinco fuerzas de seguridad federales.
Se trata de los decretos que promueven modificaciones a las leyes orgánicas que rigen a Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La decisión del peronismo de rechazar los decretos fue anticipada durante una reunión informativa de la comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que preside Martín Goerling (PRO), en la que funcionarios del Gobierno trataron de justificar las medidas dictadas por la administración Milei.
Lo cierto es que a días de vencer el plazo de las facultades delegadas a través de la Ley Bases, el Gobierno sacó las normativas que, además de actualizar las leyes orgánicas avanzan con reformas estructurales y de competencias de las fuerzas.
Puntualmente, los diputados y senadores de Unión por la Patria apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al avanzar por decreto con reformas que tendrían que haber salido por ley. Eso lo transmitieron el senador Oscar Parrilli y los diputados Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Carolina Gaillard, quienes participaron en el debate.
En este sentido, la oposición cargó contra el decreto 383/2025 que crea un nuevo estatuto para la Policía Federal, derogando la ley vigente desde 1958. La reforma fue cuestionada porque permite detenciones sin orden judicial por hasta 10 horas y autoriza el ciberpatrullaje en redes sociales sin control judicial previo.
Al mismo tiempo se propone la creación de un Departamento Federal de Investigaciones con competencias federales, y en forma paralela excluye a la fuerza de la tarea de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de la Gendarmería, el decreto 454/2025, aprueba un estatuto que reemplaza la normativa que rigió desde 1971. Además se establecen tareas de control fronterizo y lucha contra delitos federales complejos, como narcotráfico o terrorismo. En este sentido se autoriza a la fuerza a intervenir en el campo digital y el ciberespacio para luchar contra el ciberterrorismo.
El decreto 456/2025 amplía el alcance operativo de la PSA y la habilita a realizar tareas por fuera del entorno aeroportuario, mientras que el decreto 457/2025 modifica la ley 18.398, de 1969, para actualizar la dependencia de la Prefectura para quedar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Durante la audiencia de este martes en el Congreso, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director de Transformación Institucional, explicó que los decretos firmados por el Presidente se dan en el marco de la Ley Bases y en el uso de las facultades delegadas.
Pero, la diputada Gaillard salió a cruzarlo y advirtió que los decretos están “viciados de inconstitucionalidad porque no cumplen con la base de la delegación legislativa que se fijó en la Ley Bases”. En este sentido indicó que estaban limitadas a la materia administrativa y a la emergencia pública, pero el Congreso rechazó la emergencia en seguridad.
Sin embargo, desde el Gobierno se quiso justificar asegurando que la amplia reforma se da dentro de la reforma administrativa.
Además, lo que cuestiona la oposición es que el decreto habilita a la Policía a hacer inteligencia otorgando “una facultad excesivamente amplía y vaga”.
De acuerdo a lo establecido por ley, los decretos que no son tratados por la bicameral de Trámite Legislativo durante los 10 días después de haber sido publicados en el Boletín Oficial, pueden ser tratados en el recinto si hay quórum y rechazados con mayoría simple en ambas cámaras, perdiendo así su validez.
