El Gobierno se encamina a cerrar el año con un superávit en la billetera que utilizó en las últimas semanas para torcer voluntades en el Congreso. Se trata de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo creado en 1988 para asistir a las provincias en situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, pero que se reparten en forma discrecional, lo que incentiva “los juegos del hambre”.
En pleno debate presupuestario, el Ejecutivo aceleró su distribución entre gobernadores aliados y las transferencias totalizaron $ 198.000 millones en todo el año. Esa cifra, sin embargo, representa solo el 20% de un presupuesto total de más de $ 1.000.000 millones, según cálculos parlamentarios y de Empiria. Así, a siete días del fin de año, la Casa Rosada dispone de un remanente de más de $ 800.000 millones.
Es un poder de fuego considerable frente a los $ 66.000 millones girados en las dos primeras semanas de diciembre a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta). Un endulzante que no alcanzó para evitar la caída del Capítulo XI, que derogaba el financiamiento a universidades y discapacidad.
De esa manera, los ATN sobrantes podrían jugar un rol clave en las próximas horas, cuando el Gobierno se apresta a retomar el debate del Presupuesto 2026 en el Senado. O su destino podría ser otro: en despachos oficiales hay bronca por el desplante de la semana pasada de los gobernadores, que implica un costo fiscal de más de $ 7 billones (0,7% del PBI). Por ello, tampoco descartan cerrar la billetera y castigarlos.
En ese caso, el Tesoro se guardaría los fondos para sostener el equilibrio fiscal. Habitualmente, la recaudación no se distribuye en su totalidad en el período fiscal anual. Cuando ese sucede, si bien el gobierno central no puede destinar los recursos a otros fines, los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y por ende pasan a aumentar el superávit o disminuir el déficit fiscal.
Javier Milei dijo días atrás que “acomodará” las partidas que sean necesarias para mantener el déficit cero. Y el ministro del Interior, Diego Santilli, señaló a Clarín que van a “achicar el gasto”. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, tallarán en la decisión. “Le van a sacar a las provincias, me jodiste, los ATN que no se usan van al superávit“, dijo una fuente del equipo económico.
La tensión con las provincias por estos recursos es de larga data. Los aportes se conforman con la recaudación del 1% de la masa coparticipable de impuestos nacionales recaudados, es decir, de aquellos que se reparten automáticamente a las provincias, pero el Gobierno nacional decide cuándo y a qué jurisdicciones asignar los recursos. Por ello, funcionan como “subsidios”, según la definición del fallecido investigador y economista Oscar Cetrángolo.
En los hechos, los ATN terminan siendo una herramienta del poder central, con una mayor asignación a las provincias políticamente alineadas o relevantes para la negociación fiscal. Néstor Kirchner giró el 8% de los recursos, Cristina Kirchner apenas el 7% y Mauricio Macri un 20%, mientras que Alberto Fernández ejecutó casi el 90% en el marco de la pandemia y Javier Milei repartió un 15%, marcando un quiebre en la lógica de distribución.
“La provincia de Buenos Aires dejó de ser la principal receptora de ATN y las transferencias hacia provincias tradicionalmente favorecidas fueron prácticamente inexistentes. En este nuevo escenario, los ATN funcionaron como un instrumento de negociación política con gobernadores, en un contexto de recorte de otras transferencias presupuestarias”, señaló un informe de IDESA y Politikon Chaco.
El bastión de Axel Kicillof, que llegó a concentrar cerca del 30% de los aportes con los Kirchner y Macri, resultó uno de las más perjudicadas con Milei (3,7%), junto con CABA (0,0%). En cambio, los distritos aliados -los gobernadores que rompieron con el kirchnerismo, responden a la UCR o el PRO- fueron los más beneficiados, como Tucumán (16,4%), Misiones (13,9%), Entre Ríos (10,6%), Salta (10,2%), Catamarca (8,15), Neuquén y Chaco (6,7%), y Chubut (5%).
El nuevo mapa político coincide con el ajuste en las transferencias corrientes y de capital a las provincias, uno de los gastos que registró el mayor descenso. Desde el inicio de la gestión, los gobernadores perdieron $ 8 billones en términos reales por ese concepto, según el IARAF. De esa forma, los ATN aparecen como un sostén clave para las alianzas de La Libertad Avanza con los distritos y compensar, aunque muy parcialmente, el recorte de otros recursos.
