La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de reforma laboral al considerar que, en los hechos, derogaría la vigencia del fuero laboral nacional.
En un comunicado, los jueces expresaron su rechazo “de manera categórica” a las modificaciones planteadas en el proyecto que el Gobierno presentó como “Ley de Modernización Laboral” y que ingresó ayer al Senado de la Nación para ser debatido, en sesiones extraordinarias, antes del fin de año.
Según la entidad, la iniciativa contiene artículos “tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. El comunicado está firmado por el presidente, el juez Andrés Basso, y la secretaria María Carolina Ocampo.
Los magistrados calificaron de “inadmisible” la redacción de los artículos 90 y 91 del proyecto y de todos aquellos dispositivos que, a su entender, atenten contra la existencia del fuero nacional citado, consignó el diario La Nación.
El artículo 90 del proyecto establece: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.
Hoy, los jueces deben respetar los principios emanados de la Corte Suprema pero conservan independencia para resolver cada caso según sus criterios; además existe la idea consolidada de que el contenido de una sentencia no puede ser motivo válido para un juicio político.
El artículo 91, el que más molestia generó entre los magistrados, dice: “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.
La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la porteña es un proceso de tres décadas, iniciado con la aprobación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994, destacó el diario La Nación.
En la práctica, ese traspaso se viene produciendo desde que la Corte, en el fallo “Levinas”, determinó que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad interviene para revisar decisiones de la justicia nacional en materia civil, comercial, laboral y penal. Los jueces resistieron en su momento la aplicación de ese fallo porque implica subordinar a los tribunales nacionales a la revisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Con la redacción actual del proyecto, los magistrados nacionales perciben nuevamente una amenaza sobre la continuidad del fuero laboral nacional.
“Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, dijeron, en rechazo a este capítulo de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.
Además, informaron que se encuentran en “estado de alerta permanente” mientras estudian “acciones a adoptar” y mantienen la comunicación fluida con los miembros” de la entidad.
