En medio de la convulsión que atraviesa a la dirigencia política por las denunciasde abuso sexual que afectan a referentes de distintas fuerzas, la Cámara de Diputadosavanzará hoy con el tratamiento de un proyecto de ley contra la violencia machista.Se trata de la llamada ley Micaela, un proyecto presentado por la diputada del Frentepara la Victoria (FPV) Analía Rach Quiroga (Chaco) en homenaje a Micaela García, unamilitante del Movimiento Evita, de 21 años, asesinada en Gualeguay, en abril del añopasado.Incluida en la agenda de sesiones extraordinarias a último momento, la iniciativaestablece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra lasmujeres para los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Por el momento es la única respuesta que dará la Cámara baja ante la seguidilla dedenuncias que, en el Congreso, alcanzan al senador Juan Carlos Marino (Cambiemos) yal diputado José Orellana (Justicialista por Tucumán).Con las acusaciones contra dirigentes de La Cámpora en estado de ebullición, enDiputados casi nadie parece dispuesto a tirar la primera piedra. El tema ni siquiera fuetomado por Las Sororas, el grupo de diputados que promovió la legalización del aborto.
La diputada Victoria Donda (Somos) es la única que anticipó que exigirá el desafuero deMarino y Orellana. Como en el período de sesiones extraordinarias solo pueden tratarselos temas definidos por el Poder Ejecutivo, el pedido no tendrá efectos concretos. Peroobligará al resto de las bancadas a fijar una posición política. La discusión por lasdenuncias de abuso no tardará en instalarse en el debate, pautado para hoy, las 12.30.A diferencia de la ola de gestos de solidaridad que despertó en el ambiente artístico ladenuncia de Fardin contra Darthés, ningún bloque legislativo se pronunció contraMarino y Orellana. En las distintas fuerzas prima la incomodidad y la cautela. Ningúnsector parece tener las manos sueltas para avanzar de manera firme contra loslegisladores denunciados.
El caso de Orellana
Según la denuncia de Poch, el diputado aprovechó que se habían quedado solos en sudespacho, la abrazó sin su consentimiento y le dio besos en el interior de la orejaizquierda, mientras le decía: “Seguramente nadie te besó así, ¿no?”.El diputado fue beneficiado con la falta de mérito, pero en abril de este año la titular dela Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), MarielaLabozzetta, apeló la resolución y aportó dos nuevos testimonios.Uno de ellos es el de Verónica Figueroa, secretaria de Género del municipio de Famaillá,la ciudad de Orellana. En su tarea de asistencia psicológica, Figueroa asegura haberrecibido cinco testimonios de presuntas víctimas de Orellana, exintendente de la ciudad.El diputado volvió a negar ayer los hechos, en declaraciones al diario La Gaceta, deTucumán. “Nada pasó del umbral de la sospecha y no hay nada que indique que haydelito penal”, sostuvo, y agregó que se siente tranquilo. “Y no lo digo yo porque sí, sinoporque lo dice la Justicia”, argumentó.
Apoyo transversal
El proyecto ya había logrado dictámenes de las comisiones de Presupuesto y de Familia,Mujer, Niñez y Adolescencia, las dos que lo tenían bajo tratamiento.La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo yJudicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), diceel texto, que define a esa dependencia como autoridad de aplicación.Otro de los artículos claves del proyecto establece que los funcionarios públicos “que senegaren sin justa causa a realizar las capacitaciones” serán intimados por la autoridadde aplicación.”El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a lasanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar dela capacitación”, dice el proyecto.
