El año 2025 concluye con una sucesión significativa de hechos macroeconómicos para la Argentina; si hubo una constante a lo largo del año fue la volatilidad que afectó a varias variables económicas, como la tasa de interés y el tipo de cambio, entre otras.
El 2026 afronta desafíos relevantes: puede ser una etapa en la que la economía bifurque en direcciones contrapuestas. El primer reto es sostener los avances alcanzados desde el inicio de la gestión, empezando por el equilibrio fiscal, ya que en la mayoría de los meses el Gobierno registró no solo superávit primario sino también financiero. Más allá de las declaraciones, los hechos desde el comienzo de la gestión consolidan una definición innegociable; para un país como la Argentina este cambio de paradigma es, sin duda, meritorio. En ese marco, todas las medidas deben preservar el equilibrio fiscal como pilar estructural de la política económica.
La madre de las batallas, “la lucha contra la inflación”, mostró un proceso de desinflación con un sendero sostenido, lo que constituye un logro relevante. La calificamos así porque fue el eje alrededor del cual se diseñaron las medidas económicas, con sus beneficios y costos. Sin embargo, en septiembre, octubre y noviembre la caída interanual se sostuvo prácticamente estable entre 31,40 % y 31,70 %, lo que evidencia que el proceso de desinflación comienza a mostrar cierta resistencia a la baja: el Gobierno debería tomar nota.
El primer desafío es sostener los logros desde el inicio de la gestión
La desregulación —un Estado menos presente en los mercados, mayor libertad y menos trabas— es sin duda un proceso positivo; resulta lento y exige continuidad para consolidarse. El Gobierno consiguió avances relevantes en materia de desregulación y ahora la reforma laboral supone un paso importante hacia la flexibilización del mercado, la reducción de costos laborales y la posibilidad de mejorar tanto el empleo como su calidad. Es imprescindible reducir los costos laborales para que las empresas argentinas ganen competitividad y se incremente la empleabilidad.
Es una batalla compleja, porque pesan factores culturales profundamente arraigados en la sociedad argentina y, como todo cambio profundo, genera temor e incertidumbre —especialmente entre la oferta laboral—. No obstante, la evidencia indica que los mercados más flexibles se adaptan mejor a las variaciones económicas, tanto en etapas de crecimiento como en recesión.
Por otro lado, hay variables que la política económica del Gobierno no logró mejorar satisfactoriamente y que son clave para consolidar un 2026 de estabilidad y crecimiento. En primer lugar, la insuficiente acumulación de reservas internacionales: algunas estimaciones señalan que 2025 podría cerrar con reservas netas en terreno negativo, del orden de –16.000 millones de dólares. Si el Tesoro de Estados Unidos no hubiera prestado ayuda e intervenido directamente en el mercado cambiario, el Gobierno no habría mantenido el dólar en el techo de la banda. Lejos de ser un logro, ese apoyo estadounidense refleja un fracaso de la política cambiaria argentina que deberá resolverse en 2026. El atraso artificial del tipo de cambio no es sostenible y tarde o temprano la economía lo paga. Antes de que la situación vuelva a volverse extrema, el Gobierno deberá implementar, mediante un programa creíble, compras de dólares para apuntalar la estabilidad macro. No es posible sostener la economía sin reservas sólidas, aunque ello implique relajar en alguna medida el ritmo de desinflación. El atraso cambiario, entre otros efectos, subsidia artificialmente las importaciones y perjudica a los bienes y servicios exportables.
Los índices de morosidad tanto de empresas como de consumidores presentan signos de marcado deterioro
El segundo pendiente es el nivel de actividad. En economía nada es gratis, aunque a veces lo parezca. El alza abrupta de la tasa de interés, destinada a sostener de forma artificial la cotización del dólar —sobre todo en los meses previos a las elecciones de octubre— está afectando negativamente la actividad, el consumo y la producción. Indicadores como los de la CAME (ventas de pymes), el índice Construya (venta de materiales) y el IPI manufacturero, entre otros, registran caídas en sus variaciones mensuales ajustadas por estacionalidad. Los índices de morosidad tanto de empresas como de consumidores presentan signos de marcado deterioro. Recuperar el nivel de actividad real será clave en 2026. Un programa de remonetización, junto con la consolidación de la reducción estable de la tasa de interés que el Gobierno comenzó después de las elecciones, debería producir efectos positivos a partir de marzo, dada la demora aproximada de seis meses en la transmisión de las variables monetarias.
Es probable que 2026 sea el año en que el Gobierno deba apuntalar la actividad, acumular reservas, relajar el apriete monetario y aceptar un proceso de desinflación más lento en el tiempo, mientras avanza en reformas estructurales pendientes como la laboral y la impositiva. El desafío es considerable, pero merece la pena intentar transitar ese camino.
El autor es economista, director de Authentica Consulting
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