La corrupción adopta muchas formas, pero en los últimos años quedó más claro que nunca un patrón recurrente. Se trata, en general, de casos que involucran a gestores y funcionarios poco conocidos del Estado: burócratas que manejan los resortes administrativos, direccionan contratos y se quedan con sobornos o porciones del negocio. Pueden tratarse de millonarios convenios con un laboratorio o de una fotomulta por unos miles de pesos, pero en todos los casos se erosiona el presupuesto público, se sustraen recursos y se enriquecen intermediarios. Para que estos gestores actúen es casi inevitable contar con protección política en la superestructura; además, el miedo, los pactos de silencio y las falencias judiciales suelen limitar las pesquisas a los eslabones intermedios, mientras que los peces gordos resultan más difíciles de alcanzar, publicó el diario La Nación.
Un ejemplo paradigmático fue el llamado caso Chocolate, que golpeó el corazón recaudador de la Legislatura bonaerense: las autoridades buscaron acotar la investigación y privilegiar el silencio en vez de aprovechar la situación para una depuración institucional.
Los burócratas de la corrupción —los gestores— son esos sospechosos que ocupan los estratos intermedios del esquema o, como los caracterizó el jurista William Michael Reisman en el libro “¿Remedio contra la corrupción?: cohecho, cruzadas y reformas”, son los “corredores autónomos”, los brokers o intermediarios que hay que “lubricar” para obtener privilegios.
Precisamente, brokers eran los nombres desconocidos para el público que surgieron, por ejemplo, en el caso de los seguros, y que se quedaban con fortunas por direccionar contratos de dependencias estatales, señaló el diario La Nación.
Reisman acuñó además un término inquietante: los “honestos estructurales”, que identifica a la mayoría de trabajadores estatales, técnicos y profesionales que no participan activamente en actos de corrupción pero que, por inacción, permiten la continuidad del sistema.
La economista Susan Rose-Ackerman, una de las principales teóricas del tema, sostiene que para acotar la corrupción una clave es reducir el poder discrecional de empleados públicos, sin perjudicar programas esenciales del Estado. Entre las propuestas de los especialistas figura ampliar la competencia: permitir que los ciudadanos elijan entre múltiples ventanillas en lugar de quedar atrapados en un monopolio con la facultad de subir o bajar la barrera de los beneficios.
Estas propuestas plantean pensar la corrupción más allá del problema moral, como un sistema en el que cada medida de gobierno puede reducir o aumentar los incentivos para el soborno. Por ejemplo, los controles de emergencia suelen disparar motivaciones para la corrupción. Las investigaciones judiciales muestran que la barrera para la compra de dólares, vigente durante años, multiplicó los abusos de quienes podían autorizar excepciones —autoridades judiciales o financieras— y garantizaron rápidas ganancias millonarias a sus cómplices. Del mismo modo, el poder de compra de medicamentos del PAMI, con un peso incomparable en el mercado, puede constituir un incentivo para prácticas corruptas, indicó el diario La Nación.
La aparición de casos de “gestores” con protección política, como en el área de Discapacidad, exhibe con claridad la diseminación de una burocracia de la corrupción y obliga a repensar los anticuerpos institucionales. En cualquier caso, Rose-Ackerman llegó a una conclusión elemental: sin un poder político dispuesto a limitar los incentivos para la corrupción, cualquier reforma resulta inviable.
Caso Andis
– Diego Spagnuolo: extitular de Andis; para el fiscal Franco Picardi, supervisó, permitió y consintió el direccionamiento de contrataciones.
– Daniel María Garbellini: exdirector de un programa clave, acusado de ejecutar órdenes externas y permitir que personas ajenas a la estructura estatal tomaran decisiones de gestión.
– Miguel Ángel Calvete: imputado como uno de los “jefes paraestatales” del esquema; desde su rol sin cargo formal habría gestionado contratos, pagos y adjudicaciones, favoreciendo a empresas vinculadas con él.
– Pablo Atchabahian: médico y exfuncionario; acusado de funcionar como “pieza central” de la estructura corrupta, dando órdenes directas sobre contrataciones, pagos, proveedores y personal, sin vínculo formal con Andis.
Monto de desvío estimado: $47.000 millones.
La acusación señala que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), disuelta en las últimas horas, funcionó bajo un “esquema estructurado y sostenido” de corrupción, con direccionamiento de contratos públicos, compras de medicamentos e insumos de alto costo con sobreprecios y pagos de sobornos. Según el dictamen, la maniobra habría incluido el manejo irregular del sistema informático oficial (Siipfis), que debía garantizar transparencia: se lo habría usado como herramienta de fachada para adjudicar licitaciones amañadas a empresas específicas.
Caso Seguros
– Héctor Martínez Sosa: broker de seguros; percibió cerca del 60 % de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a intermediarios estatales; pareja de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández.
– Alberto Pagliano: expresidente de Nación Seguros S.A.; con su gestión y participación facilitó el direccionamiento de contratos hacia intermediarios afines.
Volumen total anual de primas en Anses que se investiga: $20.000 millones.
La causa de los seguros contra Alberto Fernández parte del Decreto 823/2021, firmado por el expresidente, que obligó a organismos públicos nacionales a contratar pólizas con Nación Seguros SA (propiedad del Banco Nación). Bajo ese esquema, según la denuncia, se direccionaron contratos de seguros estatales mediante intermediarios (brokers privados) y favoreciendo a personas vinculadas al entorno presidencial. La acusación sostiene que esas contrataciones generaron comisiones millonarias que terminaron en manos de brokers cercanos al poder, en desmedro del interés público. En noviembre de 2025, la Cámara Federal ratificó el procesamiento de Fernández, en calidad de autor del delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, y confirmó la acusación por la maniobra. La Cámara determinó que hubo “participación directa” de Fernández a través de su secretaria privada, María Cantero, lo que demuestra que el direccionamiento del negocio no fue algo accidental sino un mecanismo deliberado. Además del ex presidente, se confirmaron procesamientos de intermediarios privados y exfuncionarios.
Caso Guardapolvos
– Paula Rosana Goroso: presidenta de la cooperativa 15 de Julio.
– Mario Gustavo Figueroa: aparece como el “hilo conductor” que vincula a todas las cooperativas.
Monto total del desvío investigado: $710.366.250.
La Justicia investiga un presunto desvío de fondos del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, que estaban destinados a la fabricación de 165.000 guardapolvos escolares mediante un proyecto social productivo. El juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, citó a 13 exfuncionarios y cooperativistas por los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El Ministerio, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, firmó un convenio con la Cooperativa 15 de Julio Ltda. para confeccionar los guardapolvos, pero la cooperativa no tenía máquinas textiles ni capacidad operativa para cumplir la tarea. En un allanamiento se constató que no funcionaba en su domicilio declarado: allí operaba otra entidad (Pacha Nuestra) dedicada al reciclaje, sin relación con la confección textil.
Caso Chocolate
– Julio “Chocolate” Rigau: puntero del PJ, detenido con tarjetas de débito de otros empleados de la Legislatura bonaerense.
– Facundo Albini: exconcejal platense del Frente Renovador a quien respondía Rigau; también era empleado de la Cámara de Diputados de la provincia.
– Claudio Albini: subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense y padre de Facundo Albini.
Monto de desvío estimado: $395.000.000.
El puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en septiembre de 2023 en un cajero automático en La Plata con 48 tarjetas de débito a nombre de personas que figuraban como “empleadas” de la Legislatura bonaerense. La investigación determinó que una red de dirigentes se quedaba con los sueldos de los “ñoquis”, empleados fantasmas cuyos nombres se usaban para cobrar haberes. Se sospecha que la red contaba con la protección de las máximas autoridades de la Legislatura bonaerense; en ese momento, el peronista Federico Otermín era el presidente de la Cámara de Diputados provincial y Verónica Magario, del Senado.
Caso VTV
– Jorge D’Onofrio: exministro de Transporte de Axel Kicillof; había sido impulsado por Sergio Massa, pero el Frente Renovador luego le soltó la mano.
– Sebastian Desio: empresario que militaba para D’Onofrio y terminó “ganando” una licitación millonaria para la VTV.
– Mario Quattrochi: exjuez de faltas de La Plata involucrado en la maniobra de las fotomultas.
– Claudia Pombo: concejal de Pilar señalada como quien manejaba la red detrás de la maniobra.
Ganancias mensuales según la denuncia: US$ 4.000.000.
En este caso, los mismos intermediarios conectan dos tipos de maniobras en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, una red de gestores eliminaba multas de tránsito a cambio de un porcentaje de la infracción. Por otro, la Justicia investiga el direccionamiento en la adjudicación de concesiones de plantas para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El principal imputado es el exministro de Transporte de la provincia Jorge D’Onofrio, acusado de ser partícipe necesario de delitos como fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo. Bajo el impulso de Sergio Massa, D’Onofrio asumió como ministro de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, con el caso de las fotomultas y la VTV en plena ebullición. La red usaba para girar el dinero una financiera ubicada en la planta baja del Sheraton Hotel de Pilar.
