Así resumió la posición el fiscal de Estado municipal, Martín Uranga, quien anunció la decisión de la Comuna de reclamar una parte de los 81.250.72 metros cuadrados, en los que el empresario despliega su proyecto habitacional a orillas del río Paraná.
Se trata de unos 28 mil metros cuadrados que Lifschitz anexó a un primer lote de más de 53 mil metros cuadrados, argumentando que se trataba de una formación aluvional.
Para el fiscal, en cambio, la tierra en cuestión era preexistente al paso de la primera parcela a manos a particulares, por lo que aseguró que los más de 28 mil metros cuadrados pertenecen al ex Banco Municipal SEM (en liquidación), dueño de los terrenos desde los años 60.
RAZONES. El análisis jurídico realizado por el fiscal Uranga diferencia dos situaciones en cuanto a la propiedad de las tierras. Una, corresponde al primer lote (53.181,72 metros cuadrados), cuyo dominio fue de la Comuna hasta 1965, año en que el Estado transfiere –en concepto de aporte de capital– la propiedad al por entonces Banco Municipal. En 1994, la entidad vende bajo hipoteca la fracción a Miguel Ángel Bunge, quien no termina de pagarlo. Tres años después, cuando el banco estaba en proceso de liquidación, Lifschitz adquiere los derechos del terreno por un valor aproximado a los 200 mil pesos.
En este caso, Uranga sostuvo que “ningún derecho le asiste a este Municipio sobre ese bien”, ya que fue enajenado por el dueño del inmueble, el ex Banco Municipal, y el proceso fue convalidado por el Estado municipal.
Otra es la situación del segundo predio en cuestión. En 1.999 –detalló– el empresario Lifschitz adosó –sin costo– al primer terreno (53 mil metros) un segundo predio de unos 28 mil metros, argumentando que se trataba de una formación generada por la acción del río (aluvión).
Para la Municipalidad, ese terreno era preexistente a la adquisición que hiciera Miguel Ángel Bunge, pues Uranga recuerda que el lugar se transformó gracias a los trabajos realizados por la obra del Túnel Subfluvial. Así las cosas, aseguró que ese predio le pertenece al ex banco Municipal en liquidación y no descartó que la Comuna inicie un reclamo judicial. Para dar ese paso, primero debe concluir el proceso judicial iniciado por la provincia en 2003 (Ver aparte).
DE QUIÉN. En cuanto a la propiedad municipal, el funcionario mencionó a la Ley de Ejido que marca la jurisdicción de una ciudad y que en el caso de Paraná, señala el río como límite norte. Además, recordó que la provincia, con motivo de la construcción del túnel, sancionó legislación para expropiar el sector, incluido el Club Náutico; pero la ley nunca se concretó, detalló. Al final, la norma fue derogada por la Dictadura, dejando sin efecto el carácter de utilidad pública de la zona, lo que confirma la titularidad municipal, según la mirada de Uranga.
Y para no dejar dudas al respecto, recordó un ejemplo. En 1993, el banco Municipal inició un juicio de reivindicación contra el Club Náutico, cuyo presidente era Sergio Lifschitz, y en 1997, la provincia con la gobernación de Jorge Busti y el municipio a cargo de Humberto Varisco, acordaron una compensación. El ex Banco Municipal en liquidación transfirió el terreno a la Comuna, que canceló una deuda de dos millones de pesos en la Caja de Jubilaciones cediendo el predio a la provincia. Y ésta lo otorgó en comodato por 99 años al Náutico. Este es uno de los tantos actos jurídicos en los que la provincia reconoce el dominio municipal en el sector de Los Arenales, concluyó Uranga.
Para destacar
Por decreto 7.560, del 7 de noviembre pasado, el gobernador Jorge Busti instruyó a la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, para que desista del reclamo de las tierras de Los Arenales. En el argumento más fuerte, conocido recién a mediados de enero, se lee que “la resolución del litigio por medio de una sentencia judicial provocará solamente perjuicios para los contribuyentes”. El desestimiento de la provincia está condicionado a que las partes intervinientes lo acepten y que todos los codemandados renuncien a cualquier reclamo de daños y perjuicios y a los honorarios.
El tema fue motivo de pormenorizados estudios realizados por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que en 2002 concluyeron que las tierras eran públicas, de la provincia, e instaba a los poderes a recuperar el patrimonio.
La Municipalidad aparece demandada por el paso de los dominios en 1964 al Banco Municipal.
Sin aviso. En el segundo semestre de 2003, la Justicia emitió una medida cautelar de no innovar para que se detenga la obra hasta que se resolviera la situación de fondo. El fiscal Uranga se pregunta por qué nunca se notificó la medida y los trabajos continuaron su curso. (El Diario)
