El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata fijó para el próximo 23 de abril el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura. En ese proceso se evaluará la responsabilidad de Emilio Parodi, ex jefe de Personal de la planta de Avellaneda, por el secuestro de tres obreros de la empresa: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, quienes fueron privados de su libertad el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando ingresaban o finalizaban su jornada laboral.
Según declararon testigos, Fernández, mecánico, fue detenido al dirigirse a la oficina de vigilancia para buscar su tarjeta de ingreso al comenzar su turno. A Ojeda, que trabajaba en la sección Expedición, lo arrestaron al salir de la fábrica; y a Rivolta Bonino, del área de Administración, lo secuestraron a las ocho de la mañana al arribar a la planta. Los tres permanecen desaparecidos.
La causa se inició en 2013 tras la denuncia presentada por Analía Fernández, Ernesto Ceferino Mataboni y Roxana Freitas, hijos de tres obreros desaparecidos, contra Molinos Río de la Plata. La investigación abarcó la desaparición de 24 trabajadores, aunque en este tramo se elevan a juicio tres casos —los que la Justicia consideró con prueba suficiente— mientras que sobre los otros 21 continúa la instrucción para reunir más pruebas.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, querellante en la causa, consideró la elevación a juicio “un paso más hacia la justicia” y advirtió que durante el proceso de juzgamiento se “evidenciará la responsabilidad empresarial en delitos cometidos durante el terrorismo de Estado”.
“A punto de cumplirse el 50 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, llegar al juicio oral y público es un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda junto a los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos” y los gremios, aseguraron en un comunicado al que accedió PERFIL.
Emilio Parodi, empleado jerárquico de Bunge y Born —propietaria entonces de la empresa—, está imputado por ser parte “de la organización que confeccionó la lista de los trabajadores aceiteros de la planta de Molinos ubicada en Avellaneda que fueron secuestrados debido a su actividad sindical por el aparato criminal del terrorismo de Estado, en algunos casos junto a sus familiares”.
El ex jefe de Personal de la planta de Avellaneda, que ocupó el cargo entre octubre de 1975 y 1979, fue detenido en el marco de esta causa el 4 de julio de 2023. En agosto de ese año, la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires solicitaron la citación a indagatoria de otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, también señalados por su posible responsabilidad en los secuestros.
Los querellantes sostienen que en la planta de Molinos en Avellaneda hubo 26 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio.
René Albornoz y Elba Noemí Musaschio fueron padres de Paula Noemí Albornoz Musaschio, nacida en agosto de 1977. En enero de 1978 la beba fue secuestrada después de un operativo en la casa de la pareja que la cuidaba, en el sur del Gran Buenos Aires. Según Abuelas de Plaza de Mayo, testimonios familiares indican que permaneció internada algunos días en un hospital de la zona con una fuerte custodia. Aún no se restituyó su identidad.
