Comenzaron las controversias en las elecciones del Instituto de Obras Sociales de Entre Ríos (IOSPER) que se realizarán el 5 de julio. Luego de la presentación de las listas para competir por la representación de los distintos agrupamientos en el Directorio de la entidad, uno de los armados denuncia que la Junta Electoral encargada de regular el proceso ejerció proscripción.
La lista en cuestión lleva como candidatos aÁngel Rossi (Director Titular) y Juan Carlos Leones (Director Suplente), se llama Azul y Blanca y argumentan que existe una “violación del derecho a defensa” en la resolución de la Junta que dictaminó que el sector no alcanzó el mínimo de avales, “siendo que lacantidad acompañada supera el 3% de los requeridos para el agrupamiento”, advierten desde la lista.
“Todoello sin señalar números y/o dar indicaciones sobre los motivos concretos deaquellos afiliados impugnados, lo que vulnera el derecho a defensa. Elresolutivo carece de contenido, lo que lo torna claramente arbitrario”, cuestionaron los jubilados de la nómina nº 14.
“Vamos a seguir luchando para participar y que sean los jubilados y pensionados provinciales quienes decidan y no unos burócratas”, fustigan.
En la nota presentada ante la Junta Electoral, señalan que superaron el mínimo de avales requeridosy exigen “que se revoque la resolución dictada, que, por ahora,les impide participar del acto eleccionario”. Además, en el escrito se hacesaber que se reservan el derecho de acudir a la Justicia Ordinaria, según se indica en el comunicado enviado a INFORME DIGITAL.
Ante esta situación, Rossi expresó que “claramente setrata de un acto proscriptivo. Acá hay una mano negra que, ante la potencia denuestra propuesta, quiere mantener el statu quo. Nosotros, junto a Juan Carlos,SEDAPPER y un gran número de ex empleados del IOSPER, pretendemos darle unrotundo cambio a la administración de la Obra Social y eso es lo que,evidentemente, molesta”.
El dirigente del sector pasivo agregó que “no se respetaron los tiempos procesales.Pasaron siete días para notificarnos, cuando la Ley dice, claramente, quetenían 72 horas corridas” y fustigó que “vamos a seguir luchandopara participar y que sean los jubilados y pensionados provinciales quienesdecidan y no unos burócratas”.
