El Senado se convertirá la semana próxima en escenario de una fuerte pulseada entre la administración de Javier Milei y la oposición más dura, encabezada por el kirchnerismo, en torno al proyecto de ley que regula el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que establece serios límites al uso de estas herramientas por parte del Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en la tarde del miércoles, pero con la eliminación del artículo 3 del texto sancionado por el Senado el pasado 5 de septiembre. El dato no es menor. No sólo porque obligará al proyecto a volver en segunda revisión a la Cámara alta, sino que borró la cláusula que establecía un plazo perentorio de 90 días para que un DNU consiguiera la convalidación del Congreso. De no obtenerla, pierde vigencia de manera inmediata.
“Estamos viendo los números; creo que los podemos llegar a tener”, dijo José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, ante la consulta de LA NACION sobre qué ritmo se le intentará dar al trámite de un proyecto que molesta a un Gobierno que ha hecho de los DNU una de sus herramientas preferidas para evadir a un parlamento en el que está en minoría y que se convirtió en un campo de batalla hostil desde que se lanzó la campaña electoral.
La confianza de Mayans encuentra sentido en el amplio apoyo que la iniciativa obtuvo cuando se trató por primera en el recinto del Senado. En aquella sesión, el proyecto fue aprobado por 56 votos a favor, sólo ocho en contra y dos abstenciones. Una relación de fuerzas que superó con holgura la mayoría absoluta del cuerpo (37 votos afirmativos sobre un total de 72 legisladores) que exige la Constitución para reglamentar el uso de los DNU.
Aquella mayoría rebasó, también, los dos tercios de los presentes, razón por la cual en algunas usinas opositoras se entusiasman con la posibilidad de llevar el proyecto al recinto la semana próxima en un debate sobre tablas, es decir sin necesidad de tener que conseguir dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sin embargo, el panorama puede haber cambiado en los últimos días al ritmo de las negociaciones que desde la Casa Rosada se han entablado para recuperar el control del Congreso, o al menos cortar con la rebelión legislativa, con un grupo de gobernadores que, molestos por las actitudes del Gobierno, decidieron pasar a la oposición.
El trabajo de seducción del Poder Ejecutivo quedó al descubierto en Diputados, donde el frente de los gobernadores, que había impulsado la aprobación en el Senado de una nueva regulación de los DNU como gesto de fuerza ante el gobierno de Milei, volvió a mostrar dobleces.
En particular las miradas apuntarán ahora a los senadores del bloque Pro, que desde hace una semana conduce el misionero Martín Goerling y responde a Mauricio Macri, y los radicales con terminales en los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco).
Producto de esta recomposición de relaciones con la Casa Rosada también podrían entrar en duda los votos de las cuatro senadores, dos por cada uno, que responden a los gobernadores de Pro Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
No obstante este cambio de humor, el Gobierno afronta una difícil misión. Con 34 senadores aportados por el kirchnerismo, la mayoría absoluta que se necesita para restituir la exigente cláusula de los 90 días está a tan sólo tres votos. Una cifra que, teniendo en cuenta el nivel de fragmentación que hay en la UCR, Pro y hasta en las fuerzas provinciales, parece estar al alcance la mano.
Qué dice el proyecto
El proyecto que discute el Congreso por estos días termina con la sanción ficta que contiene la ley reglamentaria vigente, según la cual alcanza con el silencio del Congreso o que una cámara lo apruebe para dejar firme un DNU. Esta idea, prohibida por la Constitución para el trámite de los proyectos de ley y que fue motivo de queja y debate en las últimas dos décadas, fue diseñada de puño y letra por Cristina Kirchner en 2006, cuando era primera dama, para favorecer al gobierno de Néstor Kirchner.
El texto en discusión ahora, por el contrario, establece que el rechazo de una cámara alcanza para derogar un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
La iniciativa incluye otras reformas que parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei. Una, impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como los hizo con el DNU 70/23. Si el proyecto se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico.
También parece ajustarse a la situación vivida con el DNU 70/23 la cláusula que permite al Congreso a sesionar durante el receso de verano para analizar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero. Por último, se aclara de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo.
