La Ley de Semillas es uno de los debates regulatorios pendientes más importantes para la Argentina. Afecta los rindes de varios de nuestros principales cultivos (soja, trigo, entre otros), los incentivos a la innovación en el agro y la distribución de la renta entre los distintos actores del sector, desde pequeños productores hasta las multinacionales semilleras. Es una discusión atravesada por intereses y resistencias que, pese a algunos avances parciales, quedó anclada en un statu quo incómodo: no mejora la productividad, no ordena el sistema y no deja a nadie plenamente satisfecho.
Hoy el tema vuelve a la agenda con el documento del Consejo de Mayo, que propone la adhesión al UPOV 91, y probablemente con el capítulo de “propiedad intelectual” del eventual acuerdo comercial con Estados Unidos. Aunque es un asunto largamente trabajado y debatido, la coyuntura lo empuja nuevamente. Ahí radica el riesgo: que una decisión estructural se trate otra vez como un problema incómodo para resolver con rapidez, sin analizar en profundidad sus implicancias económicas, productivas y distributivas.
La histórica resistencia de los productores a pagar regalías por el uso de semillas no sorprende y, en gran medida, se comprende. El uso propio y la tolerancia hacia la llamada “bolsa blanca” forman parte de prácticas arraigadas, sobre todo en semillas autógamas como soja y trigo. En un país que aplicó derechos de exportación elevados en las últimas décadas, ese esquema terminó funcionando de hecho como un componente más del sistema de incentivos. Cuando la discusión se lleva adelante de manera aislada, sin revisar el conjunto de reglas que ordenan el sector, la reacción defensiva de los productores resulta casi inevitable.
La magnitud económica del tema ayuda a dimensionar su relevancia. Distintas estimaciones del propio sector y de organismos técnicos indican que el mercado potencial asociado a regalías, genética (donde predominan actores locales como Don Mario) y biotecnología agrícola en la Argentina podría ubicarse entre 500 y 1000 millones de dólares.
En los últimos veinte años los rendimientos de soja crecieron alrededor de un 24% en Brasil, mientras que en la Argentina permanecieron prácticamente estancadosNurPhoto – NurPhoto
El otro impacto económico se ve en los rindes agrícolas. Con niveles de semilla fiscalizada que, según el cultivo, apenas oscilan entre el 6 y el 29 por ciento, los incentivos para invertir en mejoramiento genético son débiles. El resultado es conocido: menor recambio varietal, adopción más lenta de nuevas tecnologías y una brecha de productividad creciente frente a países competidores. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en los últimos veinte años los rindes de soja crecieron alrededor de un 24% en Brasil, mientras que en la Argentina se mantuvieron prácticamente estancados. Aproximadamente la mitad de esa brecha se explica por diferencias en semillas y tecnología asociada, más que por factores climáticos o de manejo agronómico. Es decir: miles de millones de dólares menos en producción y exportaciones por no resolver esta cuestión.
Además, la discusión exige una mirada federal. El foco suele concentrarse en la soja, que explica buena parte de la tensión política y mediática, pero no es toda la foto. En cultivos como algodón, maní o distintas legumbres la realidad productiva es muy distinta y, en muchos casos, más frágil. Allí los problemas de apropiabilidad conviven con mercados más pequeños, menor escala y menos incentivos privados a la innovación, y la caída en los rindes puede ser igual o incluso más severa. Diseñar reglas pensando solo en los cultivos dominantes ignora esa heterogeneidad y desaprovecha el impacto positivo que una política bien orientada podría tener sobre las economías regionales y el desarrollo territorial.
Hoy conviven además esquemas privados de gobernanza que, en escala limitada, muestran disposición a pagar cuando existe previsibilidad y reglas claras. Programas como Sembrá Evolución alcanzan a unos 20.000 productores y cerca del 20% de la superficie sembrada de soja, con pagos del orden de 20 a 25 dólares por hectárea tecnológica, y muestran resultados visibles en formalización y trazabilidad.
La pregunta de fondo es si esa lógica quedará confinada a acuerdos privados o si puede transformarse en política pública que, bien diseñada, impulse la producción local de semillas y refuerce al sistema científico—incluido el INTA—en un sector donde la Argentina tiene una trayectoria de investigación destacada y una base empresarial consolidada.
La discusión debe ser integral
La adhesión al Acta UPOV 1991, tal como la plantea hoy el Consejo de Mayo, importa menos que los detalles de su eventual implementación. El núcleo del problema y la oportunidad están en el diseño concreto de las reglas del sistema. En particular, resulta clave contemplar esquemas de excepción y tratamientos diferenciados que fortalezcan los incentivos a la innovación sin perjudicar a productores que no pueden absorber mayores costos.
La utilización inteligente de la excepción por “uso propio” debería ser una herramienta central de la política. Al mismo tiempo, una regulación sensata sobre regalías puede convertirse en un estímulo para la producción local de semillas, la radicación de actividades de investigación y el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico nacional.
Bien diseñada y con fondos específicos, esa regulación podría incluso reforzar el papel del INTA, sobre todo en cultivos de menor escala donde el mercado por sí solo no genera incentivos suficientes.
El debate sobre la Ley de Semillas exige responsabilidad. Su impacto económico es significativo, tanto de manera directa —a través del mercado de semillas y las regalías— como indirecta, vía rindes y productividad agrícola.
El problema no es avanzar hacia una mayor protección, sino hacerlo sin estrategia, sin segmentación y sin una mirada de desarrollo productivo. Bien diseñada, una actualización regulatoria puede convertirse en una herramienta clave de política productiva capaz de romper el actual statu quo y ordenar un esquema de incentivos win-win: que ganen los productores con mayores rindes, las empresas que invierten en tecnología con protección regulatoria, y el sistema de innovación local —especialmente el INTA—con nuevas fuentes de financiamiento. Ese horizonte permitiría transformar esta discusión recurrente en una política real para el desarrollo productivo.
El autor es docente de la UBA, la Universidad Nacional de San Martín y en el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)
