En su reciente columna “Shock, Gradualismo o Acuerdos: La verdadera elección” el concejal Emiliano Gómez Tutau presenta como contradicción que los empresarios reclamen un plan nacional de infraestructura mientras el gobierno entrerriano, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, impulsa una ley provincial para suplir la retirada de Nación. Lo llama “paradoja”. Yo lo llamo responsabilidad. Cuando cambian las reglas macroeconómicas, la política provincial no puede quedarse en la nostalgia ni en la queja: debe definir prioridades, ejecutar con transparencia y rendir cuentas.
La verdadera discusión no es si Nación se retira o no de la obra pública, sino cómo vamos a decidir, pagar y controlar las obras que Entre Ríos necesita. No alcanza con declamar consignas: hace falta un método claro, con criterios de priorización objetivos, fuentes de financiamiento definidas y mecanismos de control visibles para la ciudadanía. Solo así la infraestructura deja de ser un catálogo de promesas y se convierte en un plan concreto que baja costos a las pymes, mejora la competitividad y genera empleo.
Cada obra debe tener su financiamiento y su mecanismo de ejecución claramente definidos. Existen herramientas que Entre Ríos puede usar sin inventar nada nuevo: fideicomisos específicos que aseguren que lo recaudado se destine a la obra comprometida; contratos de mantenimiento por desempeño, que pagan por resultados y no por certificados de obra; asociaciones público-privadas (APP) con auditorías externas y tableros de control público; y créditos multilaterales únicamente si existe un plan de repago sostenible. De esa manera, se evita la improvisación, se blinda el uso de los recursos y se garantiza que cada peso invertido se traduzca en obras que la gente pueda usar.
Entre Ríos no necesita más debates abstractos ni relatos que se evaporan: necesita un plan estratégico a largo plazo capaz de sostenerse aun cuando cambien los vientos nacionales. Un plan que priorice lo urgente, financie lo posible y transparente cada paso. Solo así lograremos que la infraestructura sea lo que debe ser: una herramienta para bajar costos, integrar regiones y darle competitividad a nuestras pymes, al campo y la industria. Ese es el verdadero camino de la responsabilidad.
Maximiliano Rodríguez Paulin. Economista. Concejal de Paraná JxER
