A favor de Javier Milei cabe señalar que siempre fue absolutamente explícito sobre su postura respecto al cuidado del medio ambiente. Antes de llegar a la Presidencia lanzó frases como que “una empresa podía contaminar un río todo lo que quiera” y puso de manifiesto la negación del calentamiento climático que caracteriza a la nueva derecha. Lo que hace desde el Gobierno, por tanto, no resulta una sorpresa. Ahora, en plena temporada de incendios en la Patagonia —la peor racha de fuegos de los últimos 30 años— el oficialismo impulsará un cambio sensible en la Ley de Glaciares.
El Gobierno promueve una reforma de la ley sancionada en 2010 y la ubicó como prioridad: incluyó el proyecto en las sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán hasta fines de febrero. El eje de la propuesta es descentralizar el control de los glaciares: que quienes “verificar”, tal como plantea el proyecto, cuáles deben protegerse no sean ya las autoridades nacionales sino cada provincia. De aprobarse, serán los mandatarios provinciales quienes decidirán qué hielos eternos —y las áreas que los rodean— podrán explotarse.
Se trata de un tema especialmente delicado. Argentina concentra una de las mayores presencias de glaciares del mundo —casi 17 mil cuerpos de hielo, en su mayoría en la Cordillera de los Andes— y, además, vienen en franco retroceso: según el cálculo que realiza el inventario Nacional de Glaciares —organismo del Estado nacional que, de aprobarse la nueva ley, vería seriamente afectadas sus atribuciones— en las últimas tres décadas los glaciares perdieron el 42% de su superficie. Es aún más preocupante si se considera que los glaciares alimentan alrededor del 40% de las cuencas hídricas, agua que no sólo es vital para millones de personas.
El otro costado de la reforma es político. El Gobierno pretende aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias y para eso necesita votos de gobernadores afines pero no propios. Por ese motivo, los mandatarios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan utilizan la Ley de Glaciares como moneda de cambio.
En el medio se cuela la geopolítica. El Gobierno envió a Washington al Canciller Pablo Quirno para participar en un encuentro mundial sobre el futuro de los “minerales críticos”. El evento, que tuvo como figura al secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, fue difundido por el oficialismo como una señal de que iban por el camino correcto, aunque muchos lo leyeron como un indicio de que el trumpismo podría tener un acceso privilegiado a los recursos del subsuelo argentino. La polémica recién arrancó.
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