El alcance de los incentivos anunciados por el Gobierno estará limitado hasta que se establezca el marco jurídico correspondiente. Esto incluye medidas para fomentar el uso o la inversión de los dólares ahorrados en cuentas o en billetes.
La flexibilización de topes y controles que implementará la ARCA es solo un aspecto del proyecto “Reparación Histórica para el ahorro de los argentinos”. Este plan se sostiene en una serie de proyectos de ley que el Ejecutivo enviará para reformar la ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Tributario. A pesar de la relevancia de esta iniciativa, liderada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de la ex-AFIP, Juan Pazo, en el oficialismo hay reticencias sobre si se presentarán antes o después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El debate legislativo se centrará en ambas reformas, con una batalla anticipada en la Cámara de Diputados, ya que esta es la cámara de origen para los temas fiscales.
El mayor obstáculo para el optimismo que el Gobierno ha depositado en este anuncio radica en la reforma, ya que un posible fracaso o retraso podría poner en jaque sus planes.
La medida, que en el fondo es una estrategia de campaña, permitirá el uso de dólares estadounidenses no declarados. Sin embargo, requiere cambios legales para que los ahorristas que utilicen estos fondos no enfrenten problemas con el Impuesto a las Ganancias al justificarse el aumento de su patrimonio a través de la compra de bienes como autos o inmuebles. Este es solo uno de los interrogantes que surgen a partir de este anuncio.
Además, se planteará en el debate la creciente preocupación en Diputados sobre la falta de controles para prevenir el lavado de dinero. Cuando el Ejecutivo presente los dos proyectos, el futuro dependerá del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien deberá decidir a cuántas comisiones enviará el proyecto. Dos son imprescindibles: la de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert de La Libertad Avanza, y la de Legislación Penal, liderada por Laura Rodríguez Machado del PRO, cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ambas comisiones, el oficialismo podría conseguir las firmas necesarias para un dictamen mayoritario, aunque esto dependerá del tiempo disponible.
Este viernes, Espert solo se atrevió a afirmar en Radio Rivadavia que el tratamiento ocurrirá “este año” y que ya se está redactando. Desde el domingo pasado, tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) y la derrota del PRO en las elecciones porteñas, el oficialismo se ha esforzado por capitalizar este impacto. La semana pasada, sumó otro triunfo al evitar la sesión convocada por la oposición para discutir una nueva moratoria previsional y el aumento del bono de 70 mil pesos, en un total de once dictámenes.
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el FIT lograron juntar 124 votos, quedando a solo cinco de alcanzar los 129 necesarios.
A pesar de la derrota del domingo, el PRO y la UCR han demostrado su relevancia al apoyar al oficialismo. En medio de esto, se ha declarado una emergencia por el temporal en el norte bonaerense, pero la mayor tensión se centra en el debate sobre la elección de autoridades de la comisión que investiga el caso de la criptomoneda Libra, que está estancada por un empate entre Gabriel Bornoroni (LLA) y Sabrina Selva (UxP). Menem se negó a incluir el desempate en la agenda, citando razones reglamentarias; no obstante, la presión por esta crucial diferencia estallará en la próxima sesión.
El entorno de Menem considera que cuentan con los votos necesarios para obtener media sanción. Esta confianza ha crecido tras la forma en que la Casa Rosada manejó la suspensión de la sesión del miércoles, habiendo mantenido diálogos con gobernadores de diversas tendencias. “El problema no es reunir los votos para estas reformas, sino abrir el recinto”, se lamentó un importante legislador de LLA. Sin embargo, el respaldo del PRO ayudó a contener la última ofensiva de la oposición.
La próxima sesión será en 15 días y mantendrá un ritmo inusual para el Congreso en un año electoral. Las medidas económicas y tributarias impulsadas por el Gobierno buscan influir en la campaña, abriendo un nuevo capítulo en la política nacional, aunque la oposición también intentará imponer su agenda, cuya repercusión se hará sentir conforme se acerquen las elecciones.
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