Recientemente, Cristina Kirchner empleó la expresión “narcocapitalismo” (o “narcocapitalistas”) al criticar con dureza al gobierno de Javier Milei. Su intervención se centró en el escándalo por los presuntos vínculos entre el diputado y primer candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert, y el “empresario” Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
CFK aludió al caso divulgado en denuncias judiciales y reportes periodísticos, que señalan que Espert recibió en 2020 un aporte de 200 mil dólares de Fred, además de beneficios como un avión privado y una camioneta.
Machado, extraditado de EE.UU. por conspiración para producir y distribuir cocaína, cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma.
Cristina Kirchner cuestionó que la Corte Suprema “cajoneó” durante más de tres años la extradición de Machado, y lo contrastó con la rapidez de su propia condena en la causa Vialidad. Además ironizó sobre la ideología libertaria de Milei y LLA: “No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas”.
En ese marco, “narcocapitalismo” funciona como una denuncia de la corrupción sistémica del modelo mileísta, en la que el supuesto “libre mercado” encubre flujos de dinero ilícito que financian a figuras como Espert.
Como emblema de esa corrupción sistémica (hay otros ejemplos), tomemos el nuevo blanqueo de capitales, réplica del de 2024, que Milei y Caputo calificaron de “exitoso” —sin precisar entonces para quiénes, aunque hoy podemos imaginarlo.
El blanqueo 2025 suprime los controles sobre el origen de hasta US$ 100 mil (y potencialmente más en ciertas condiciones) y no sólo viola normas internacionales contra el lavado de dinero, sino que facilita el ingreso de capitales narcos, vinculados a la trata o a la evasión masiva, agravando la vulnerabilidad de las fronteras, como la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.
El Estado “facilita” orgánicamente el crimen organizado en nombre de la libertad económica. Veamos más detenidamente.
Este “blanqueo” amplía el Régimen de Regularización de Activos (aprobado en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas de 2024), pero en su versión 2025 se radicaliza: elimina la obligación de justificar el origen de los fondos para montos de hasta US$ 100 mil.
Alcance: permite declarar y usar dólares “bajo el colchón” o mantenidos en el exterior sin preguntas, para compras de inmuebles, autos o depósitos bancarios. Para montos superiores, se aplican alícuotas de 0% si se invierten en bonos o se mantienen hasta fin de 2025.
Plazos: la tercera etapa del blanqueo original cerró en mayo de 2025 con más de US$ 31 mil millones declarados (US$ 22.500 millones en la primera fase, principalmente en efectivo). El “neoblanqueo” se lanzó de inmediato, sin pasar por el Congreso, mediante decreto.
Javier Milei lo define como “reparación histórica de los ahorros” y “presunción de inocencia fiscal”, al sostener que los argentinos retiraron dólares del sistema por temor a un Estado “ladrón” (inflación, cepo cambiario).
Toto Caputo estima que existen US$ 250mil-400 mil millones en negro, y que la medida pretende formalizarlos sin “tratar a la gente como criminal”.
El Gobierno celebra un “éxito” parecido al del blanqueo de 2024, con depósitos en dólares récord (casi US$ 20 mil millones en la fase inicial).
Sin embargo, la crítica más dura sostiene que, al igual que en 2024, el blanqueo 2025 abre las puertas al lavado de divisas provenientes del narcotráfico.
Magistrados y expertos en lavado, incluida la UIF, advierten que viola la Ley 25.246 (antilavado), convenios internacionales como el de Palermo (ONU contra el crimen organizado) y las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Incluso el FMI emitió en mayo de 2025 una “advertencia atenta”, exigiendo transparencia y que se “alineen” con estándares globales.
Organizaciones como Transparencia Internacional sugieren que facilita al narco: “ya en 2024, el primer blanqueo atrajo fondos de cripto y exterior sin trazabilidad plena”.
En 2025, con fronteras porosas, se anticipa un “efecto llamada”: fondos de Bolivia, Paraguay o Colombia cruzando sin controles.
Para colmo, un informe de la DEA (EE.UU.) de junio de 2025 ya detecta un pico en las transferencias cripto hacia Argentina posblanqueo, y opositores de izquierda y kirchneristas lo califican como “puerta al paraíso fiscal delictivo”.
Más allá del leading case Espert, Cristina Kirchner tuvo razón: la corrupción en el gobierno nacional es sistémica y el narcolavado es un poderoso motor, estimados lectores de PERFIL.
*Director de Consultora Equis.
