El presidente Javier Milei tiene plazo hasta el 4 de agosto para vetar el aumento de jubilados, la moratoria y la emergencia en discapacidad, todas sancionadas el pasado 10 de julio por el Congreso tras el voto del Senado, y que fueron giradas el lunes pasado al Poder Ejecutivo. El Gobierno analiza posibles concesiones para sostener los vetos en Diputados mientras junta adhesiones para imponer su postura. La estrategia apunta a evitar que la cámara baja reúna los dos tercios necesarios para insistir con las leyes aprobadas. En el oficialismo ya dan por perdido el voto en el Senado.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este domingo que el Gobierno vetará la ley de movilidad jubilatoria y defendió el ajuste fiscal: “El sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos”. “Si no se hubiera perdido tanto dinero público en bolsillos indebidos, también habría más recursos para los jubilados”, señaló Francos.
El Congreso se encuentra en medio del receso invernal de vacaciones y recién la semana próxima podría convocar a una sesión especial. Mientras, la oposición planea avanzar en otros proyectos de ley que ponen trabas a la motosierra de Milei, como la emergencia del Hospital Garrahan, financiamiento universitario y la reforma de la ley del impuesto a los combustibles y ATN, que tienen media sanción del Senado. Unión por la Patria presenta un proyecto para obstaculizar la privatización de Aysa.
Para sostener los vetos, La Libertad Avanza necesita el respaldo de un tercio de los legisladores presentes, con lo cual será clave la negociación con bloques aliados y gobernadores dialoguistas. El oficialismo apuesta al aporte del PRO, de los diputados del MID, de los legisladores que responden a la Liga del Interior y a los radicales con peluca. Algunas provincias que llegaron a un acuerdo electoral con LLA aportarán sus votos como Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Tucumán.
Milei volvió a cuestionar a los legisladores nacionales por la voluntad de vetar las leyes por el aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “Aquellos que no acompañen el veto son genocidas y van a estar asesinando a las generaciones futuras. Estarían haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes”, afirmó el primer mandatario.
“Los políticos en el Senado votaron un aumento de casi tres puntos del PBI en el gasto público. Eso implica una deuda de USD 350.000 millones. Es un genocidio económico”, remarcó. También envió un mensaje a los gobernadores: “Van a tener que acompañar el veto, porque los argentinos de bien los están mirando. La responsabilidad es histórica”.
