En medio de la crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, la Secretaría General de la Presidencia, liderada por su hermana Karina, se encuentra en el centro de un escándalo por la distribución de mercadería decomisada por la Aduana.
Aseguran que bajo la supervisión de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, se habrían concretado 257 donaciones a 104 entidades, que van desde ministerios y fuerzas de seguridad hasta fundaciones, municipalidades y provincias.
La ley que regula estos repartos permite a la Secretaría disponer de los rezagos aduaneros en situaciones de emergencia social. No obstante, la actual gestión intensificó esta estrategia, beneficiando principalmente a entidades y municipios afines a su ideología política
De acuerdo con El Diario Ar, entre los organismos públicos, sobresalen el Ministerio de Seguridad con 29 donaciones, la Policía Federal con 22 y el Ministerio de Capital Humano con 10.
Hubo siete envíos al PAMI y tres a la Anses, especialmente a sedes de La Rioja y Santiago del Estero, donde se registraron conflictos internos por aportes que debían ingresar a La Libertad Avanza. Entre las provincias, Misiones recibió 12 donaciones, seguida por Salta con 10, Jujuy con 6 y Tucumán, San Juan y Chaco con 4 cada una. Mendoza, Entre Ríos y Catamarca también fueron beneficiadas.
Muchos municipios gobernados por aliados del oficialismo recibieron donaciones, como Gualeguaychú, Concordia y Villa El Chacay. Pero lo más polémico fue la apertura de donaciones a ONG, pese a que el gobierno prometió eliminar intermediarios en la ayuda social.
La Fundación Conin recibió siete cargamentos, el Banco de Alimentos de Federación cinco y la Fundación Garrahan tres. Varias ONG receptoras tienen vínculos directos con políticos libertarios, como la Fundación Manos Abiertas, la Fundación Gea-Madre Tierra Mitología Griega o la Fundación Cristiana Cielos Abiertos.
Otros envíos incluyeron ropa, calzado, artículos de primera necesidad, celulares y repuestos aeronáuticos. Beneficiarios fueron el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, fundado por Patricia Bullrich, y la Fundación Darío Donolo, vinculada a imputados en causas aduaneras.
También recibieron donaciones fundaciones religiosas, tanto evangélicas como judías y católicas, y organizaciones de dudosa reputación como Remar Argentina o la Fundación Los Sueños Se Cumplen. Algunas donaciones llegaron incluso a fundaciones de La Rioja, de gobernantes peronistas rivales.
