El hallazgo de dispositivos de grabación ocultos en dependencias clave de la Casa de Gobierno de Entre Ríos abrió una investigación judicial y desató un fuerte impacto político. Entre los espacios donde se detectaron cámaras y micrófonos se encuentra la Secretaría General de la Gobernación, actualmente a cargo de Mauricio Colello, un despacho que durante la gestión anterior fue ocupado por Edgardo Kueider.
La situación salió a la luz luego de que autoridades del actual gobierno detectaran artefactos camuflados dentro de carcasas similares a sensores, con capacidad para captar audio y video. Ante la gravedad institucional del hecho, el Ejecutivo provincial presentó una denuncia penal y puso el caso en manos de la Justicia para determinar quién instaló los equipos, con qué finalidad y desde cuándo permanecían en el lugar.
En ese marco, el fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la investigación, brindó precisiones técnicas clave. Explicó que los dispositivos estaban ocultos y contaban con cableado empotrado en las paredes, lo que descartaría una colocación improvisada o reciente. Además, indicó que al momento del hallazgo no se encontraron sistemas activos de grabación ni transmisión, por lo que no se pudo establecer si estaban en funcionamiento en la actualidad.
Estas definiciones abrieron una línea de análisis central: la antigüedad de las cámaras. Alfieri fue claro al señalar que aún no se pudo determinar cuándo fueron instaladas, pero tampoco afirmó que correspondan a la gestión actual. Esa indefinición dejó abierta la posibilidad de que los dispositivos provengan de administraciones anteriores.
El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que el despacho donde hoy funciona la Secretaría General fue ocupado durante el gobierno de Gustavo Bordet por Edgardo Kueider, quien por entonces desempeñaba ese mismo cargo. Meses atrás, se difundieron públicamente imágenes del exfuncionario dentro de su oficina, registros que no correspondían a coberturas periodísticas tradicionales, sino a grabaciones internas del propio edificio.
Ese antecedente fue clave para que INFORME DIGITAL anticipara que las cámaras halladas recientemente podrían haber sido instaladas durante aquella etapa. La coincidencia del espacio físico, la existencia previa de registros audiovisuales y las características técnicas descriptas por la Fiscalía refuerzan esa hipótesis, aunque por el momento no exista una confirmación judicial definitiva.
Desde el gobierno provincial remarcaron que no había conocimiento ni autorización para la colocación de estos dispositivos y calificaron el hecho como de extrema gravedad institucional. En paralelo, la investigación avanza sobre archivos, antecedentes administrativos y posibles responsables de la instalación.
Mientras la Justicia intenta reconstruir el recorrido histórico de los equipos, el foco vuelve a posarse sobre una práctica que, de confirmarse, tendría origen en gestiones pasadas. Una línea de investigación que Informe Digital ya había señalado y que hoy gana fuerza a partir de los elementos técnicos incorporados al expediente.
