A menos de dos meses de que el Gobierno flexibilizara la importación de vacunas veterinarias, la Cámara Argentina de Productos Veterinarios (Caprove) presentó un documento ante el Senasa y tres Secretarías del Ministerio de Economía para denunciar la “competencia desleal” generada por la autorización de estos productos por equivalencia con otros países. Advirtieron que esta situación pone en peligro la salud animal, el estatus sanitario internacional de Argentina y la sostenibilidad de la industria de medicamentos veterinarios.
Desde Caprove aclararon a LA NACION que, hasta el momento, no han recibido respuesta. Por su parte, se consultó al Senasa, y a este medio le informaron que están elaborando una respuesta para la entidad. Además, se reveló que un destacado laboratorio nacional envió una carta documento, anticipando el inicio de acciones legales contra el organismo sanitario.
Mediante un extenso documento dirigido al presidente del Senasa, Pablo Cortese; al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; al secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne; y al secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, la cámara solicitó la revisión urgente de las Resoluciones 33/25 y 338/25, de mayo pasado. Esta normativa permitió la importación de productos veterinarios con un registro que facilita la aprobación exprés y, en consecuencia, la comercialización en Argentina en un plazo de 30 días para aquellos productos ya vendidos en los países mencionados en las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
En concreto, los laboratorios denunciaron un “doble estándar regulatorio” que, afirmaron, podría amenazar miles de empleos y comprometer la seguridad sanitaria del país. Argumentaron que la entrada de medicamentos importados se lleva a cabo sin controles locales, y el eje del conflicto radica en que Argentina permite registrar medicamentos ya aprobados en otros países “sin someterlos a ensayos clínicos locales”.
Pablo Cortese, presidente del SenasaSenasa
Sostuvieron que la normativa sustituye la exigencia de realizar estudios en territorio argentino por un mecanismo de “validación cruzada” con estándares externos. Según Caprove, esto abre la puerta a productos que no cumplen con los criterios de eficacia, seguridad ni control de residuos exigidos actualmente por la autoridad sanitaria nacional.
La situación impacta a los 19 laboratorios nacionales agrupados en Caprove, que emplean a aproximadamente 3500 personas de manera directa; junto a toda la cadena, se generan 8000 empleos industriales y hasta 50.000 indirectos. Los laboratorios también afirmaron que “no hay reciprocidad” en los países autorizados, dado que Argentina acepta sus productos, pero ellos no reciben los nacionales “sin trámites largos y costosos”.
Según el documento de la cámara, esta medida podría facilitar la entrada de medicamentos de bajo estándar elaborados en cualquier país, registrados en terceros países y sin control clínico. “Esto introduce un riesgo sanitario mayor a nuestro país, ya que una empresa situada en India, China o Perú, por ejemplo, cuyo producto esté registrado en cualquiera de esos países, podrá registrar y comercializar su producto en Argentina, aun cuando su fabricación se realice en lugares donde la reglamentación no es equivalente y donde las situaciones epidemiológicas respecto a enfermedades transmisibles de riesgo para la salud y la producción animal son muy diferentes”, explicaron.
Dicen que la decisión afecta a 19 laboratorios nacionales nucleados en Caprove SENASA
Advirtieron que esta decisión generaría una “fuerte desventaja” para los productores locales frente a aquellos que cuentan con plantas instaladas en otros países de la región. También mencionaron un “desprestigio internacional” de la autoridad sanitaria y, por ende, de la industria nacional en el contexto de las exportaciones. En concreto, temen la presencia de residuos químicos en las carnes exportadas, lo que podría desencadenar sanciones internacionales.
De acuerdo con datos oficiales, la industria nacional exportó en 2024 más de 108 millones de dólares.
En otro sector de la industria veterinaria, aclararon a este medio que ya se pueden inscribir productos biológicos provenientes de Estados Unidos y algunos países de Europa, Asia y Mercosur a través del mecanismo de fast track. Se estima que la aprobación de este producto se completará en un mes. De hecho, el Senasa ya ha estado capacitando sobre cómo llevar a cabo el procedimiento de inscripción, con formularios que estarán disponibles en la web.
La aprobación por equivalencia no es automática ni definitiva: cada lote que ingresa debe someterse a pruebas de potencia, esterilidad e inocuidad exigidas por el Senasa. En el caso de la vacuna antiaftosa, la potencia debe superar el 80% de protección. El sistema de control se mantiene riguroso, según señalaron, dado que incluso laboratorios argentinos han fracasado en el pasado en la aprobación de lotes al no superar las pruebas.
