La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles nuevas salvaguardas destinadas a tranquilizar a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE) frente a los posibles efectos de la llegada de productos latinoamericanos, en particular los incluidos en los acuerdos comerciales con el Mercosur. Según un comunicado de la CE, las medidas anunciadas por el Ejecutivo comunitario intensifican la vigilancia de las importaciones y establecen procedimientos para responder a aumentos inesperados de entradas o a caídas de precios en el mercado europeo.
El nuevo reglamento, presentado por Bruselas, establece “un nivel adicional de seguridad” que complementa la introducción gradual y calibrada de contingentes específicos acordados con el Mercosur para sectores considerados sensibles. Entre esos productos figuran la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar.
En la práctica, la CE se compromete a intensificar la vigilancia. Los servicios comunitarios supervisarán de forma sistemática las tendencias del mercado relativas a las importaciones de estos productos agrícolas. Cada seis meses se remitirá al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo un informe que evaluará el impacto de esas importaciones en los mercados comunitarios. Según la Comisión, esta supervisión permitirá detectar a tiempo cualquier riesgo y actuar con rapidez para mitigar los posibles efectos negativos.
Entre los factores que pueden activar una investigación figuran un aumento repentino de las importaciones o una caída significativa de los precios en uno o varios Estados miembros. La CE aclara que se dará prioridad a los casos en que los precios de importación procedentes del Mercosur sean al menos un 10 % inferiores a los de productos europeos o de otros competidores; cuando el volumen anual de importaciones de un producto en condiciones preferenciales aumente más del 10 %; o si el precio de importación cae un 10 % respecto al año anterior.
Si las investigaciones confirman un perjuicio grave o la amenaza de que este ocurra, la UE podrá retirar temporalmente las preferencias arancelarias a los productos responsables del daño. Bruselas, además, garantiza una respuesta rápida: se compromete a iniciar investigaciones a solicitud de cualquier Estado miembro con causa justificada y a aplicar medidas provisionales en un plazo máximo de 21 días en situaciones urgentes.
Otra novedad relevante del reglamento es la reducción del plazo para concluir las investigaciones: el procedimiento tendrá una duración máxima de 4 meses, muy por debajo del periodo de 12 meses previsto hasta ahora en el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (APEM).
Las cláusulas bilaterales de salvaguardia incluidas en el APEM ya permiten la retirada temporal de preferencias arancelarias si se detectan efectos negativos derivados de la rebaja de aranceles. Con la propuesta de hoy, esa cláusula pasa a convertirse en legislación vinculante de aplicación inmediata en la normativa de la UE.
El reglamento de la Comisión deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo dentro del procedimiento legislativo ordinario antes de entrar en vigor.
