La secuencia política que rodea hoy a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, comenzó a delinearse a principios de enero, cuando el Ejecutivo municipal resolvió no renovar más de un centenar de contratos laborales. La decisión, presentada como parte de un proceso de revisión administrativa y ordenamiento del gasto, tuvo un impacto inmediato en el plano social y encendió un foco de tensión que rápidamente trascendió el ámbito local.
En los días siguientes, el conflicto se expresó en la calle. Trabajadores municipales y estatales realizaron marchas, asambleas y movilizaciones frente al Palacio Municipal para reclamar por las cesantías. Los gremios denunciaron despidos encubiertos, falta de diálogo y una política de ajuste, mientras que desde el municipio se insistió en la necesidad de revisar contrataciones y reordenar la estructura administrativa.
Con el escenario ya cargado de conflictividad, comenzaron a aparecer los primeros respaldos políticos. El PRO Concordia fue uno de los espacios que salió tempranamente a apoyar a Azcué. En comunicados y declaraciones públicas, defendió la revisión de contratos y sostuvo que la gestión necesitaba margen para avanzar con reformas estructurales, aun en un contexto de presión sindical.
Poco después, un sector de La Libertad Avanza Concordia también expresó su acompañamiento al intendente. Referentes locales del espacio libertario se alinearon con el discurso de reducción del Estado y racionalización del gasto, y respaldaron las medidas del Ejecutivo municipal como parte de un proceso de reordenamiento que consideraron necesario.
Mientras se consolidaban esos apoyos, el Partido Justicialista endureció su posición. Desde el PJ provincial y el peronismo local surgieron fuertes cuestionamientos a la gestión de Azcué, a quien acusaron de aplicar políticas de ajuste sin sensibilidad social. Denunciaron que la no renovación de contratos dejó a numerosas familias sin ingresos y señalaron la ausencia de instancias de negociación con los gremios.
El enfrentamiento se trasladó también al Concejo Deliberante, donde concejales justicialistas hablaron de persecución política y ruptura del diálogo institucional. El conflicto, que había comenzado como una discusión administrativa, se transformó así en una disputa política de mayor alcance.
En ese marco, el gobernador Rogelio Frigerio sumó una señal de respaldo al intendente. En una reunión con Azcué, ratificó su acompañamiento al proceso de ordenamiento del Estado municipal, destacó la importancia de la racionalización del gasto y sostuvo que no hay desarrollo posible sin cuentas públicas equilibradas y estructuras eficientes. El gesto fue leído como un aval político en un momento de fuerte presión sobre la gestión local.
Con los alineamientos ya bastante definidos, la Unión Cívica Radical de Entre Ríos difundió finalmente un comunicado formal de respaldo al intendente. En el texto, el partido expresó su apoyo a Azcué y a su equipo de gobierno, defendió las auditorías internas y la revisión de contrataciones, y llamó a la responsabilidad institucional de los distintos actores políticos y sociales.
El pronunciamiento radical llegó cuando el conflicto ya había alcanzado volumen político y mediático, con posiciones públicas marcadas a favor y en contra del Ejecutivo municipal. Para el oficialismo, el comunicado fue una señal de cohesión partidaria; para la oposición, un movimiento que se produjo una vez que el escenario estaba claramente delineado.
Así, el episodio que se inició con una decisión administrativa terminó configurando un mapa político más amplio: primero las protestas gremiales, luego los respaldos del PRO y de sectores de La Libertad Avanza, más tarde las críticas del PJ, el aval del gobernador y, finalmente, el posicionamiento orgánico de la UCR provincial. Una secuencia que expuso no solo la tensión social, sino también el reacomodamiento de fuerzas alrededor de la figura del intendente.
