La Sociedad Rural Argentina (SRA) se manifestó en contra de varios puntos de la Ley Fiscal que pretende impulsar el gobierno de Axel Kicillof para el presupuesto provincial 2026. Entre sus objeciones, la entidad, que preside Nicolás Pino, rechaza la posibilidad de que el Poder Ejecutivo bonaerense intervenga en las valuaciones del Inmobiliario Rural “ sin criterios consensuados”. También cuestiona la facultad para modificar cuotas y solicitó que sean los legisladores quienes definan las condiciones de este tributo.
“Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural”, señaló.
Según la SRA, la iniciativa del gobierno provincial “traslada facultades centrales al Ejecutivo”. Señaló que, de ese modo, se genera “un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia”.
Respecto de los artículos objetados, apuntó: “Señalamos que el artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”. Agregó que otro artículo, el 167, “permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”.
La Rural: “El artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo”
La entidad indicó que también el esquema de bonificaciones por cumplimiento “mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”. Remarcó: “La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa. Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”.
Hace unos días, en tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fustigó al gobierno provincial por el cobro de un adicional del 25% en el Inmobiliario Rural. Se trata de lo que se conoce como la “quinta cuota” extra a la cuarta que pagan los productores. La entidad criticó que la medida se conozca en medio de las inundaciones en la provincia, pese a que los distritos afectados están declarados en emergencia. El gobierno bonaerense tiene eximidos del Inmobiliario Rural a 19 partidos.
Ayer Carbap calculó que entre inundadas, anegadas y afectadas hay 5,8 millones de hectáreas comprometidas. Agregó que 1,5 millones de hectáreas podrían quedar totalmente improductivas y generar una pérdida de ingresos por US$2000 millones, justo en el momento en que debe avanzar la siembra de soja y de maíz.
En este contexto, la SRA recogió las preocupaciones del sector agropecuario provincial. “Seguimos advirtiendo que estamos inmersos en el mencionado debate en momentos donde miles de hectáreas están bajo el agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario, y donde el gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación”, indicó.
Hay 5,8 millones de hectáreas afectadas por el agua
Marcelo Manera – LA NACION
En cuanto a las obras del Salado, vale recordar que ayer Carbap pidió un compromiso para que, para 2030, todo esté terminado. En su pedido incluyó reclamos tanto al gobierno provincial como al nacional.
En este contexto, la Rural recordó: “Los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires”.
