De la redacción de INFORME DIGITAL
Una riqueza que cruza fronteras
Las últimas declaraciones juradas del gabinete nacional revelan un dato inquietante: más de la mitad de los ministros de Javier Milei posee mayor patrimonio en el exterior que dentro del país. En un contexto de crisis fiscal, recorte de subsidios y ajuste para los sectores medios y bajos, las cifras millonarias declaradas por algunos funcionarios, y especialmente su localización fuera de la Argentina, volvieron a encender alarmas sobre la coherencia del mensaje oficial.
El caso más impactante es el del canciller Gerardo Werthein, que declaró un patrimonio total de $92.056 millones, de los cuales más del 65% está en el exterior. Es el funcionario más rico del gabinete y concentra, él solo, más dinero que todos los demás ministros juntos. Lo sigue Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, con $18.089 millones, pero lo más llamativo es que el 80% de sus bienes está fuera del país, incluyendo propiedades en Miami y Punta del Este, depósitos en Suiza y fondos en Puerto Rico y Uruguay.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también se destaca: declaró $11.800 millones, con el 65,8% del total radicado fuera del país, principalmente en cuentas bancarias que suman cerca de US$ 14 millones.
Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, informó $2.371 millones, con un 61% en el extranjero. Incluso Guillermo Francos, jefe de Gabinete, declaró $2.847 millones, aunque con distribución más equilibrada entre activos locales y externos.
¿Y el Presidente? Javier Milei pasó de declarar $125 millones a $206 millones en 2024, una suba del 64%, aunque con un perfil de patrimonio aún concentrado en bienes nacionales. Karina Milei, secretaria general y hermana del mandatario, reportó $11 millones, el valor más bajo del gabinete, aunque su patrimonio creció un 221% en el último año.
¿Por qué importa dónde están los bienes?
Tener patrimonio en el exterior no es ilegal, pero sí es una señal política en medio de una crisis económica nacional. Además, muchas de las cifras están expresadas en valores fiscales que subestiman el valor real de mercado, por lo que el volumen de capital podría ser aún mayor.
Desde la oposición, algunos sectores piden revisar la ley de ética pública para exigir mayor transparencia y trazabilidad de los patrimonios en dólares. Por ahora, la gestión Milei defiende la “libertad económica” de sus funcionarios, aunque el mensaje no parece empatar con el bolsillo de los ciudadanos ni con el discurso anti-casta que lo llevó al poder.
